El diputado federal Chico Alencar, del PSOL de Río de Janeiro, presentó el jueves 29 de octubre un proyecto de ley complementaria que obligaría al Tribunal Superior Electoral (TSE) a resolver, como máximo diez días antes de la primera vuelta, los casos relacionados con la posibilidad de que los candidatos concurran a las elecciones.
La propuesta fija ese plazo tanto para los procedimientos de inelegibilidad como para los casos en los que los candidatos no cumplan los requisitos necesarios para presentarse. Entre las condiciones mencionadas en el texto figuran la afiliación a un partido y el domicilio electoral. De este modo, el proyecto pretende que las decisiones sobre esas candidaturas estén resueltas antes de la votación de la primera vuelta.
El proyecto también prevé que estos asuntos tengan prioridad en la Justicia Electoral. Para poder cumplir el plazo establecido, el TSE podría convocar sesiones extraordinarias. La propuesta contempla, además, que el tribunal adapte el calendario electoral, de manera que los juzgamientos puedan concluir dentro del periodo señalado.
En la justificación de la iniciativa, Alencar cita el caso de Anthony Garotinho en las elecciones de 2026 para el Gobierno de Río de Janeiro. Según la explicación incluida en el proyecto, el TSE examinó el registro del exgobernador después de la primera vuelta, anuló sus votos y modificó el recuento de la disputa, que terminó sin una segunda vuelta.
El diputado sostiene que los electores necesitan conocer la situación de los candidatos antes de votar. En el texto, afirma: «La anulación de los votos atribuidos al candidato modificó el recuento y permitió que la elección concluyera sin una segunda vuelta, declarando nulos no solo los votos, sino, sobre todo, la voluntad del elector».
La iniciativa aborda así el momento en que se resuelven las impugnaciones y los requisitos de las candidaturas. En términos generales, la elegibilidad se refiere a la posibilidad de que una persona pueda presentarse a unas elecciones, mientras que la inelegibilidad alude a los impedimentos que pueden impedirlo. La afiliación partidaria y el domicilio electoral son, en este proyecto, ejemplos de condiciones cuya comprobación podría dar lugar a un procedimiento ante la Justicia Electoral.
El plazo propuesto se sitúa antes de la primera vuelta, es decir, antes de la votación inicial del proceso electoral. La finalidad que expone el diputado es que la situación de las candidaturas no quede pendiente de una resolución del TSE posterior a esa jornada. El caso citado sirve en la justificación para ilustrar las consecuencias que, según el parlamentario, puede tener una decisión adoptada después de que los electores hayan votado: la anulación de votos puede alterar el recuento y el resultado de la disputa.
El texto también establece que la adaptación del calendario electoral deberá respetar la regla constitucional que impide aplicar cambios en el proceso electoral a unos comicios celebrados hasta un año después de la publicación de la ley. Por tanto, la propuesta incluye un límite temporal para la aplicación de las modificaciones que plantea. La presentación del proyecto no implica por sí sola que sus disposiciones estén ya vigentes: el contenido descrito corresponde a las medidas que Alencar propone incorporar mediante una ley complementaria.
