La intervención policial en el Tribunal Constitucional polaco intensificó el enfrentamiento entre el primer ministro Donald Tusk y el presidente Karol Nawrocki por el control de la corte. (Foto: Instagram)
Jueces y políticos de la oposición acusan al primer ministro polaco, Donald Tusk, de intentar dar un golpe de Estado después de que la policía interviniera en el Tribunal Constitucional el viernes 30 de octubre. El episodio se enmarca en la disputa entre Tusk y el presidente del país, Karol Nawrocki, por el control y la composición de la corte.
La crisis se desencadenó cuando la magistrada Anna Korwin-Piotrowska apartó de sus funciones al presidente del tribunal, Bogdan Święczkowski, y al vicepresidente, Bartłomiej Sochański, ambos próximos a Nawrocki. Korwin-Piotrowska, vinculada a Tusk, sostuvo que se le estaba impidiendo desempeñar sus funciones. A petición suya y del fiscal general, Waldemar Zurek, la policía acudió después a las dependencias del tribunal. Las autoridades alegaron que podía haber amenazas contra la integridad física de jueces y empleados.
Tusk se pronunció en las redes sociales y defendió la necesidad de «restablecer el imperio de la ley». Atribuyó al partido Ley y Justicia (PiS), al que pertenece Nawrocki, años de «ilegalidades» en el Tribunal Constitucional. El PiS había designado a los dos magistrados apartados. En un comunicado publicado en X, el primer ministro afirmó que restaurar el Estado de derecho era un deber y describió el proceso como difícil y, en ocasiones, doloroso. Añadió que exigía actuar con determinación y que no había otra alternativa.
La intervención policial coincidió con un viaje de Nawrocki a Senegal. El presidente acortó el desplazamiento y el avión presidencial regresó a Polonia antes de llegar al país africano. «En un momento como este, el presidente debe estar en Polonia», declaró. También explicó que interrumpía el viaje y volvía al país.
El Tribunal Constitucional polaco está formado por 15 jueces elegidos por el Parlamento, el Sejm, para mandatos de nueve años. En los últimos años, la corte se ha convertido en el centro de un enfrentamiento entre Nawrocki, jefe del Estado, y Tusk, al frente del Ejecutivo. En marzo, el Gobierno de Tusk propuso a seis nuevos magistrados, pero solo dos prestaron juramento ante el presidente y asumieron sus cargos. Los otros cuatro no fueron invitados a la ceremonia en el Palacio Presidencial, y Święczkowski cuestionó su legitimidad.
Los jueces apartados esta semana habían sido designados durante los gobiernos del PiS, que estuvo en el poder entre 2015 y 2023 y mantiene una orientación nacional-conservadora. El partido defiende la salida de Polonia de la Unión Europea. Desde que ganó las elecciones de 2023, Tusk, dirigente de la formación de centro derecha Plataforma Cívica (PO), ha acusado a magistrados nombrados durante los gobiernos del PiS de obstaculizar las reformas del país.
