Un teléfono móvil muestra el logotipo de Facebook en primer plano, reflejo de la sanción histórica contra Meta. (Foto: Instagram)
Un juez del estado de Nuevo México, en Estados Unidos, ha dictado una sentencia que obliga a Meta, propietaria de Instagram y WhatsApp, a abonar 25.000 millones de dólares (aprox. 125.700 millones de reales brasileños) por infringir la privacidad de sus usuarios. La decisión se hizo pública el 22 de octubre de 2026 y responde a un proceso iniciado en 2021 contra la compañía.
La demanda se presentó tras el escándalo revelado en 2018, cuando Meta admitió que la consultora Cambridge Analytica había accedido a datos personales de hasta 87 millones de cuentas de Facebook sin el consentimiento de sus propietarios. Esa filtración incluyó información sensible sobre preferencias políticas y actividad en la red social, lo que generó una investigación a ambos lados del Atlántico.
En septiembre de 2026, un jurado del Tribunal Distrital de Nuevo México declaró culpable a Meta de más de 43 millones de infracciones de la ley estatal sobre prácticas comerciales desleales. El jurado constató que la empresa había permitido de forma intencionada la recolección de datos y había mantenido información engañosa en sus comunicaciones públicas, afectando a residentes de Nuevo México.
“La magnitud de las transgresiones deliberadas, su prolongada repetición, el alcance temático de las violaciones, el involucramiento de la alta dirección y la clara intencionalidad en las declaraciones falsas justifican la imposición de la sanción máxima establecida por la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México: 5.000 dólares por cada infracción confirmada por el jurado”, argumentó el juez Francis Mathew en la sentencia.
Meta anunció su intención de recurrir el fallo. CJ Mahoney, director jurídico de la compañía, aseguró en un comunicado que esta condena y la interpretación que hace la fiscalía estatal hacen “prácticamente imposible hacer negocio en Nuevo México”. La empresa confía en que una apelación pueda rebajar la cuantía o modificar la aplicación de la normativa.
