Javier Milei durante la promulgación del decreto que impulsa un plan de bajas voluntarias en la administración pública federal (Foto: Instagram)
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha promulgado un decreto que pone en marcha un plan de bajas voluntarias para tres colectivos de funcionarios federales, con la única excepción de militares y personal de seguridad e inteligencia. La norma prevé que 21 187 empleados puedan acogerse al programa, cuyos puestos quedarán suprimidos de forma definitiva.
El plan está dirigido a quienes tengan entre 58 y 63 años o ya reúnan los requisitos para jubilarse. Quienes opten por incorporarse recibirán una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado y, además, un complemento del 60 % de su retribución durante los tres años siguientes.
Los empleados con mandato sindical deberán renunciar a sus cargos para participar, y quienes decidan acogerse a la baja voluntaria estarán inhabilitados para regresar al servicio público durante ocho años. El decreto establece también que las vacantes generadas no serán cubiertas, lo que contribuirá a reducir la plantilla estatal.
El Gobierno calcula que, con esta medida, la dotación de trabajadores se reducirá en un 25 % en el plazo de tres años, en línea con su compromiso de recortar el gasto público y reforzar la eficiencia administrativa. En un comunicado, se defendió que el plan “refleja la determinación del Ejecutivo de cumplir sus promesas de austeridad”.
Federico Adolfo Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, celebró la iniciativa en redes sociales y subrayó que quienes participen del programa “no podrán reincorporarse a la Administración —o deberán devolver las cantidades percibidas— para evitar la ‘puerta giratoria’”. Añadió que esta es una de las vías para rebajar los impuestos.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha rechazado el plan, al que califica de “despido extorsivo” y denuncia una campaña de intimidación para presionar a los empleados a firmar. Rodolfo Aguiar, secretario general de la ATE Nacional, advirtió que “no existe negociación cuando la opción es aceptar o quedarse en la calle sin empleo ni cobertura sanitaria” y anunció movilizaciones de protesta.
Asimismo, la ATE recordó que la pasada semana se aprobó un préstamo de 300 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para impulsar la primera fase de un programa de eliminación de cargos, desregulación y privatizaciones. Desde la llegada de Milei al poder en enero de 2023, ya se han suprimido 77 000 plazas en el servicio público.
