El presidente Donald Trump en la Casa Blanca con banderas de Estados Unidos al fondo (Foto: Instagram)
Donald Trump ha vuelto a instar a que el estado de Nuevo México cambie oficialmente su denominación por “Nueva América”. La petición, difundida el 19 de octubre en su red social Truth, defiende que adoptar ese nombre reforzaría la identidad nacional y reflejaría más fielmente su pertenencia a Estados Unidos.
En su mensaje, el presidente aseguró sin aportar estudios ni cifras que la modificación “agregaría gran valor y prestigio al estado”. Afirmó que, con la nueva denominación, aumentarían los precios de la vivienda y los ingresos de los residentes, al tiempo que los ciudadanos se sentirían “aún más orgullosos” al ondear la bandera estadounidense.
“O Nuevo México debería cambiar inmediatamente su nombre a Nueva América. No somos México, somos los Estados Unidos de América. El nuevo nombre daría prestigio al estado, subiría el valor de los inmuebles y la renta, y haría que al saludar nuestra bella bandera sintieras mayor orgullo. Quizá incluso las elecciones fraudulentas, por las que se conoce al estado, volvieran a ser honestas”, proclamó Trump.
El republicano no adjuntó informes ni datos que respalden las ventajas económicas o sociales de la renombración. En cambio, se enmarca dentro de un estilo de gobierno fuertemente personalista y marcado por excentricidades: desde asumir su segundo mandato en enero de 2025 ha lanzado numerosas órdenes ejecutivas con iniciativas de carácter más simbólico que práctico.
Entre esas medidas, renombró el Golfo de México como “Golfo de América” y el Lago Ontario pasó a llamarse “Lago América”. Esas disposiciones carecen de reconocimiento internacional y suelen aplicarse solo en documentos y cartografía oficiales del Gobierno federal, sin alterar la denominación en mapas o tratados exteriores.
Asimismo, Trump dictaminó que el término “inteligencia artificial” sea sustituido en agencias y organismos oficiales por “superinteligencia”, con el argumento de subrayar el liderazgo tecnológico de EE UU en el desarrollo de estas herramientas.
No obstante, la propuesta de Nuevo México no depende solo de la voluntad presidencial. Para hacerse efectiva, el estado tendría que formalizar su petición de renombrar ante el Congreso de Estados Unidos, que debería aprobar el cambio mediante una ley. Sin ese trámite —impulsado por la propia legislatura estatal y refrendado en Washington— la declaración no pasa de simple discurso político.
El mandatario ya había anticipado esta idea en septiembre, cuando compartió varios mapas en los que Nuevo México aparecía como “Nueva América”. Aquella iniciativa suscitó críticas de autoridades locales y analistas, quienes recordaron la falta de base legal y el carácter principalmente propagandístico de la propuesta.
