La Justicia condenó, el martes 29, al ex presidente de la Asociación de Sordos de Jaraguá do Sul, Paulo Sérgio Praxedes do Monte Araújo, de 44 años, y a su compañero Carlos Francisco Priprá, de 42, por abusos contra niños y adolescentes sordos en ese municipio del norte de Santa Catarina. Según el portal Ponto Norte Joinville, las penas impuestas a ambos suman un total de 54 años de prisión.
Uno de los condenados recibió 29 años y ocho meses de reclusión, mientras que el otro fue sentenciado a 24 años y diez meses. La sentencia todavía puede ser impugnada mediante recursos ante instancias superiores, pero por el momento los dos permanecen privados de libertad en régimen cerrado. La resolución no especifica de forma pública a cuál de los acusados corresponde cada duración de pena.
Las pesquisas fueron dirigidas por la Policía Civil de Santa Catarina a partir de una solicitud formal del Ministerio Público del Estado (MPSC). En el curso de la investigación se identificaron al menos cinco víctimas, todas ellas niños o adolescentes con discapacidad auditiva, quienes habrían sido sometidos a agresiones sexuales durante diversos periodos. Según la normativa brasileña, las personas sordas o con alguna limitación sensorial se consideran “vulnerables” al no poder ofrecer resistencia de modo adecuado, lo que agrava la condición del delito.
Paulo Sérgio y Carlos Francisco habían sido detenidos de forma preventiva en abril de este año y permanecieron en prisión mientras avanzaba el proceso penal. Con la lectura de la sentencia, ambos continúan en el mismo régimen, aunque conservarán el derecho a presentar apelaciones en los tribunales competentes.
Contexto institucional y legal
La Associação de Surdos de Jaraguá do Sul es una entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad auditiva en la región. Entre sus objetivos figura la promoción de la inclusión social, el acceso a la educación especializada y el apoyo a familias de niños sordos. En Brasil existen numerosas organizaciones similares que funcionan como redes de soporte y de interlocución con el poder público.
En cuanto al marco legal, el Código Penal brasileño tipifica el delito de estupro de vulnerável en su artículo 217-A, que prevé penas de ocho a quince años de reclusión para quien promueva o realice actos de naturaleza sexual con quien, por su condición, no esté en capacidad de ofrecer resistencia. Cuando la víctima es menor de catorce años o presenta alguna discapacidad que le impida comprender o impedir el acto, la pena básica puede incrementarse, aplicándose agravantes en casos de violencia extrema o cuando el agresor ocupa posición de confianza o poder.
Protección de niños con discapacidad
Los niños y adolescentes con discapacidad auditiva se enfrentan a barreras de comunicación que pueden dificultar la denuncia de abusos y el acceso a canales de ayuda. Instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil recomiendan la adopción de intérpretes de lengua de señas en la atención policial y judicial, así como programas de prevención en escuelas y centros comunitarios. El reconocimiento de la sordera como factor de vulnerabilidad refuerza la necesidad de protocolos especializados para la atención y protección de estas víctimas.
Próximos pasos procesales
Tras la sentencia, tanto la defensa como el Ministerio Público de Santa Catarina podrán presentar recursos ante el Tribunal de Justicia del Estado. En función de la tramitación, las condenas podrían mantenerse, reducirse o incluso, en casos excepcionales, requalificarse. Mientras tanto, las autoridades locales y organizaciones de apoyo a víctimas de abuso sexual infantil mantienen abiertos los canales de orientación y asistencia psicológica para las familias afectadas.
