Un exmandatario de Estados Unidos durante un discurso junto a varias banderas nacionales. (Foto: Instagram)
Más de 25.000 migrantes han sido deportados a 29 países desde 2025, cuando se puso en marcha la política de envío a terceros destinos. Esta medida, diseñada para trasladar a personas en situación irregular a naciones que aceptan acogida temporal o permanente, ha movilizado a miles de solicitantes de asilo y trabajadores migrantes. Desde su inicio, la política de envío a terceros destinos ha cobrado relevancia dentro de las estrategias internacionales de gestión de flujos migratorios.
La política de envío a terceros destinos consiste en derivar migrantes que no cumplen los requisitos de ingreso o permanencia en el país de llegada hacia Estados receptores previamente autorizados. Su objetivo principal es descongestionar centros de detención y acelerar los procesos de revisión de solicitudes de protección internacional. Para ello se establecen convenios bilaterales o multilaterales que garantizan garantías mínimas de seguridad, acogida y acceso a servicios básicos en los países de destino.
El procedimiento para acoger o rechazar a un migrante en virtud de esta política comienza con la evaluación de su perfil migratorio y de protección internacional. Las autoridades responsables revisan la documentación, entrevistan al solicitante y cotejan su situación con los acuerdos vigentes. En caso de admisión, se organiza el traslado, la asignación de un alojamiento temporal y el registro en las instituciones locales del país receptor. A quienes no son elegibles para reubicación en terceros destinos se les aplica la normativa nacional sobre deportaciones o retenciones administrativas.
Según los datos disponibles, la gran mayoría de los traslados se han realizado en los años posteriores a la implementación, concentrándose en regiones con acuerdos consolidados. Entre los 29 países receptores figuran naciones de Europa, América Latina y África, que han firmado tratados de cooperación migratoria y humanitaria. La política de envío a terceros destinos ha permitido, además, diversificar las rutas de migración y evitar la saturación de un solo territorio, distribuyendo responsabilidades entre varios Estados.
La puesta en marcha de esta política responde a un contexto histórico de aumento de la movilidad internacional, impulsada por conflictos, crisis económicas y catástrofes naturales. Ante retos crecientes en materia de control fronterizo y protección de derechos humanos, la estrategia de envío a terceros destinos ofrece una alternativa de gestión coordinada. Si bien ha generado debate sobre su eficacia y sobre los estándares de recepción en los países implicados, los responsables de su aplicación defienden que contribuye a ordenar los flujos y garantizar procesos más ágiles de evaluación y reasentamiento.
