El gobierno federal anunció el jueves 17 un reajuste del 15,04% en las cuantías del Bolsa Familia, con los nuevos pagos previstos para octubre de 2026. Con la actualización, el importe mínimo por familia pasará de R$ 600 (aprox. 108 €) a R$ 691 (unos 124,4 €), mientras que la prestación media estimada subirá de R$ 675 (121,5 €) a R$ 777 (140 €). La medida se dio a conocer apenas semanas antes del primer turno de las elecciones presidenciales, previsto para el 4 de octubre de 2026.
La corrección fue oficializada mediante el Decreto nº 13.120, publicado en edición extra del Diário Oficial da União. Según la norma, el porcentaje de 15,04% corresponde a la variación acumulada del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) entre marzo de 2023 y agosto de 2026. El INPC es calculado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) con el objetivo de medir la inflación que afecta a las familias de ingresos más bajos y conservar así su poder adquisitivo.
Los nuevos montos se incorporarán a la nómina de pagos de octubre y empezarán a distribuirse a partir del 19 de ese mes. El impacto estimado de este reajuste en las cuentas públicas brasileñas alcanza los R$ 5,8 mil millones (unos 1.044 millones de €) en 2026. Para el ejercicio de 2027, el Ministerio de Hacienda calcula un costo adicional de R$ 22,7 mil millones (cerca de 4.086 millones de €).
La proximidad entre el anuncio del reajuste y la celebración de las elecciones desató un intenso debate sobre la legislación electoral. La Ley de Elecciones (Lei nº 9.504/97) impone restricciones a la distribución gratuita de bienes, valores o beneficios por parte de la Administración Pública en años electorales. No obstante, esa misma ley contempla excepciones para programas sociales ya autorizados por ley y en ejecución presupuestaria con anterioridad al año en curso.
El Bolsa Familia, instituido en 2003, es un programa social dirigido a familias en situación de pobreza y extrema pobreza. Se basa en transferencias condicionadas que exigen, entre otros requisitos, el cumplimiento de calendarios de vacunación y asistencia escolar de los menores. Al ser un programa establecido y dotado de partidas presupuestarias antes del año electoral, se considera que encaja en las excepciones previstas por la normativa.
La jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) ha marcado diferencias claras entre aumentos autorizados con antelación y medidas extraordinarias adoptadas durante el período electoral. En abril de 2026, por ejemplo, el TSE declaró irregular la ampliación de otro beneficio social que no contaba con ejecución presupuestaria anterior, lo que supuso un precedente sobre la necesidad de respetar los requisitos de planificación de las políticas públicas.
Además del debate legal, expertos consultados por diversos medios señalan que la corrección simple por inflación no representa un aumento real del poder adquisitivo de los beneficiarios, sino un mantenimiento frente al alza de precios. De ese modo, el gobierno defiende que la medida está orientada exclusivamente a preservar la capacidad de consumo de las familias más vulnerables, sin introducir nuevos incentivos o bonificaciones.
En definitiva, el reajuste del Bolsa Familia en mes de elección no implica por sí mismo la inelegibilidad de Lula. Para que se configure una acción ilegítima en términos electorales, la ley exige pruebas de intención de favorecer de modo indebido a ciertos votantes o de alterar las cuentas públicas sin cobertura presupuestaria previa. Hasta ahora, las autoridades insisten en que el reajuste cumple todos los requisitos legales y presupuestarios, alineándose con la práctica habitual de actualizar beneficios sociales según el INPC.
