La Policía Federal informó el lunes 14 de septiembre que entregó a los despachos de los ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin y Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal (STF), copias de los datos extraídos del teléfono móvil incautado al exbanquero Daniel Vorcaro. Esta acción se produce un día antes de que el pleno de la Corte examine el informe de la PF sobre los mensajes intercambiados entre Vorcaro y Moraes.
En un comunicado oficial, la PF aclaró que las copias proporcionadas a los magistrados son “idénticas a la extracción realizada del dispositivo”. El material original, según la institución, permanece bajo su custodia.
El organismo añadió que “el material original permanece íntegramente en las dependencias de la institución, dentro de una cadena de custodia formalmente documentada, con los correspondientes precintos intactos y mecanismos de verificación de integridad digital”.
La medida responde a la solicitud de varios ministros del STF, que habían reclamado acceso a la totalidad de la información almacenada en el teléfono de Vorcaro. En días recientes, los ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes y Gilmar Mendes se dirigieron al presidente de la Corte, Edson Fachin, para exigir que todo el contenido fuese puesto a disposición de los miembros del tribunal.
Cristiano Zanin sostuvo que los magistrados necesitan conocer el conjunto completo de datos para valorar adecuadamente el caso y recordó que la defensa de Vorcaro ya había tenido acceso a la totalidad de la información extraída.
Por su parte, el propio relator, el ministro André Mendonça, explicó que el material bajo su responsabilidad consistía en una copia de seguridad cifrada y sellada. Según su versión, esta copia serviría como contraprueba en caso de extravío del contenido original y no habría sido manipulada por él.
Alexandre de Moraes defendió también que sus colegas deberían acceder al archivo completo: “No corresponde al ministro ponente seleccionar qué documentos son accesibles al colegiado para llevar a cabo su deliberación”, remarcó.
Gilmar Mendes, en cambio, cuestionó la concentración de datos en el despacho del relator y solicitó a Fachin que requiriese directamente las imágenes digitales a la PF en caso de que el contenido no fuese liberado de manera expedita.
El informe de la Policía Federal, que será analizado el martes 15 por el pleno del STF, detalla mensajes entre Daniel Vorcaro y Alexandre de Moraes cuya naturaleza y alcance están siendo objeto de escrutinio. Según un diario nacional, las supuestas comunicaciones incluirían avisos que habrían permitido a Vorcaro movilizar activos financieros y ocultar documentos antes de la notificación formal de mandatos de búsqueda y apreensión.
La misma fuente periodística menciona además que la investigación alude a una posible relación entre las filtraciones y un contrato de R$ 131 millones suscrito entre el Banco Master y el despacho de la abogada Viviane Barci de Moraes, esposa del ministro Alexandre de Moraes. Ese importe equivale aproximadamente a € 23,6 millones.
Los datos supuestamente filtrados abarcarían órdenes judiciales, solicitudes de quebrantamiento de secreto bancario y mandatos de captura relacionados con las indagaciones en curso. Sin embargo, las informaciones consignadas en el informe se presentan como indicios que requieren verificación y no constituyen de por sí una conclusión definitiva sobre la posible comisión de delitos.
El gabinete de Alexandre de Moraes rechazó de forma categórica las acusaciones, calificó las imputaciones de infundadas y aseguró que el ministro jamás tuvo acceso a material reservado ni influyó en operaciones de la Policía Federal.
Contexto adicional:
La extracción de datos de dispositivos móviles forma parte de los procedimientos estándar de la Policía Federal en Brasil cuando se investigan delitos complejos que pueden implicar manipulación de mercados, fraudes financieros u otras actividades ilícitas. La técnica de “clonación forense” permite generar una réplica exacta del contenido digital sin alterar los archivos originales, preservando su validez como prueba.
En el ámbito del STF, el ministro ponente o relator desempeña un papel clave al elaborar el informe inicial y trasladar el caso al pleno para su debate y votación. No obstante, la tradición jurídica brasileña establece que todos los miembros de la Corte tienen derecho a acceder a la misma documentación para garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones en la deliberación.
El debate sobre la custodia y circulación de pruebas digitales cobra especial relevancia cuando se trata de magistrados de alto rango y exejecutivos, dado el impacto político y social de las decisiones que adopte el Supremo Tribunal Federal.
