La Policía Federal identificó perfiles en redes sociales que podrían estar relacionados con una estrategia de comunicación destinada a favorecer la imagen del ejecutivo Daniel Vorcaro y del Banco Master, según un informe incluido en la investigación del caso Master. El documento se hizo público tras levantarse el secreto de sumario, una decisión adoptada por el ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), a instancias del ministro Edson Fachin.
El análisis realizado por la PF abarca cuentas de diversas plataformas digitales, incluidas páginas vinculadas a celebridades, medios de noticias y entretenimiento. Los investigadores también se centraron en rastrear a los responsables de esos perfiles, posibles vínculos entre ellos, redes de difusión de contenido y la implicación de agencias o empresas de comunicación profesional.
A partir de la página 19 del informe, la Policía Federal detalla un levantamiento de cuentas asociadas a un proyecto identificado como “DV”. Según el informe, varias empresas y agencias de marketing contactaron a influenciadores digitales para sumarlos a una campaña cuya finalidad era reforzar la reputación del Banco Master y de su controlador, Daniel Vorcaro.
La estrategia en investigación tenía dos ejes principales. El primero consistía en atribuir al Banco Central la responsabilidad de las dificultades financieras que atravesaba el Banco Master. El segundo, presentar tanto a la entidad como a su máximo ejecutivo como víctimas de una persecución o de decisiones consideradas injustas por la autoridad monetaria.
El informe también recoge testimonios de varios influenciadores que afirmaron haber recibido propuestas para publicar contenidos ajustados a esa narrativa. Estos relatos fueron incorporados al expediente para ayudar a esclarecer cómo se organizó y financió la campaña en cuestión.
No obstante, el informe no especifica qué propuestas fueron finalmente aceptadas ni qué contenidos llegaron a publicarse. Asimismo, la mera inclusión de personas o perfiles en este levantamiento no implica, por sí misma, participación en actos irregulares, ya que los propios investigadores clasificaron este trabajo como parte del proceso de aprehensión de información.
La investigación se extiende al examen de publicaciones en redes sociales, contratos de publicidad y posibles intermediaciones de empresas de marketing. El objetivo principal es determinar de qué modo circularon las informaciones relacionadas con el caso Master en el entorno digital y si se llevó a cabo una operación coordinada para promover una determinada versión de los hechos.
Con el levantamiento del secreto de sumario, el informe pasó a formar parte de los documentos disponibles públicamente en el proceso judicial. La investigación sigue activa y cualquier eventual imputación o medida sancionadora dependerá de las diligencias adicionales que realice la Policía Federal y de las conclusiones que adopte el Ministerio Público.
Contexto adicional
La Policía Federal, en Brasil, es el principal organismo de investigación criminal a nivel federal, similar a la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos. Entre sus competencias figura la indagación de delitos económicos y la obtención de pruebas vinculadas a operaciones financieras irregulares. El secreto de sumario es una figura jurídica que restringe el acceso público a las diligencias de un caso para preservar la efectividad de la investigación; su levantamiento permite conocer los detalles de las actuaciones.
Por otro lado, el Supremo Tribunal Federal (STF) es la máxima instancia judicial en Brasil y tiene facultades tanto en materia constitucional como en la supervisión de procesos que afecten a autoridades con foro privilegiado. Los ministros André Mendonça y Edson Fachin forman parte de la composición actual del STF y, en este caso, intervinieron en la decisión que autorizó la divulgación del informe de la PF.
En el ámbito financiero, el Banco Central de Brasil ejerce la función normativa y de supervisión del sistema bancario. Cualquier señal de conflicto entre una entidad privada y el regulador puede provocar debates sobre la autonomía de las autoridades monetarias y el posible uso de estrategias de relaciones públicas para influir en la opinión pública.
