El empresario João Carlos Mansur presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil una propuesta de delación premiada en la que afirma disponer de información detallada sobre el paradero de cerca de 20 000 millones de reales brasileños —equivalentes a más de 3,6 mil millones de euros— atribuibles al banquero Daniel Vorcaro en territorio nacional. Según recoge el diario O Globo, esos recursos no estarían concentrados únicamente en efectivo, sino repartidos en derechos crediticios y en inmuebles registrados a nombre de terceros y vinculados a distintos fondos de inversión.
La delación premiada es un mecanismo previsto en la legislación brasileña que permite a investigados ofrecer pruebas a cambio de una eventual reducción de condena. Su tramitación pasa por un primer examen de la PGR y, de considerarse verosímil, se somete luego a homologación ante el Supremo Tribunal Federal (STF). En este caso, Mansur —antiguo propietario del Grupo Reag— habría presentado los datos como parte de las negociaciones con las autoridades, apuntando a Vorcaro como uno de los grandes implicados en el esquema de ocultación de activos.
De acuerdo con la propuesta entregada a la PGR, el presunto patrimonio ilícito incluiría, además de dinero en cuentas y cajas de seguridad, derechos de cobro sobre créditos comerciales y bienes inmuebles distribuidos en diferentes estados brasileños. Una parte de esos activos, siempre según Mansur, figura a nombre de “laranjas” o prestatarios de fachada, práctica común en casos de blanqueo de capitales. El objetivo de esa estructura sería dificultar el rastreo de los bienes por parte de la Policía Federal.
Entre los vehículos financieros mencionados en el escrito sobresale el fondo Astralo, que ya se encuentra bajo investigación de la Policía Federal brasileña en el marco de las pesquisas sobre presuntas fraudes en el sector bancario. El señalamiento de este fondo como depositario de una fracción significativa de los recursos aporta un nuevo elemento a las diligencias en curso, que incluyen inspecciones contables y seguimiento de transferencias internacionales.
Para contextualizar, la Procuraduría General de la República es el órgano responsable de promover la acción penal federal y de defender los intereses judiciales del Estado. Su rol en el proceso de delación consiste en evaluar la credibilidad de las pruebas ofrecidas y determinar si el colaborador está en condiciones de aportar información sustancial. De ser aceptada la colaboración de Mansur, sus datos se incorporarían a las indagaciones y podrían dar lugar a la apertura de nuevos inquéritos o a la ampliación de los ya existentes.
Por su parte, Daniel Vorcaro, titular del Banco Master, se encuentra en el centro de múltiples investigaciones por supuestos delitos financieros. De confirmarse los informes de Mansur, la dimensión de los fondos ocultos elevaría de manera considerable el monto involucrado, convirtiendo el caso en uno de los más cuantiosos del país en materia de corrupción y lavado de activos.
La eventual homologación de la delación premiada dependerá de un análisis riguroso de las testimoniales y de la documentación aportada. En Brasil, este procedimiento exige que el colaborador entregue pruebas fehacientes, incluidos registros bancarios, contratos y testimonios que permitan rastrear el circuito del dinero. Si la PGR avala la propuesta, el caso pasará a ser examinado por el STF, donde se decidirá si se formaliza el acuerdo y en qué términos.
En caso de recibir luz verde, la colaboración de Mansur podría convertirse en una pieza clave para desentrañar la compleja red financiera que, según él, habría servido para encubrir decenas de operaciones ilícitas. El avance de este trámite es seguido de cerca por la opinión pública y por operativos especializados de la Policía Federal, que ya han incautado documentos y congelado cuentas en diferentes jurisdicciones.
