El ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), determinó el secuestro de 389,49 millones de reales brasileños (aproximadamente 70,1 millones de euros) en bienes y valores relacionados con el Sindicato Nacional de Jubilados y Pensionistas (Sindnapi), en el marco de la investigación sobre un supuesto esquema de descuentos indebidos en prestaciones del INSS. La medida alcanza al actual presidente de la entidad, Milton Baptista de Souza Filho, conocido como Milton Cavalo, y al patrimonio del difunto expresidente João Batista Inocentini, apodado João Feio, fallecido en 2023.
El Sindnapi cuenta como vicepresidente a José Ferreira da Silva, alias Frei Chico, hermano del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Según las diligencias presentadas, él no figura como investigado en el proceso. El tribunal señaló que el bloqueo de fondos abarca tanto a Sindnapi como a la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (Coopernapi) e incluye la totalidad de recursos recibidos por esas entidades y sus directorios desde la firma de los acuerdos de cooperación técnica con el INSS hasta enero de 2025.
La investigación apunta a un posible esquema de aproximadamente 6.000 millones de reales brasileños (unos 1.080 millones de euros) en descuentos realizados a jubilados y pensionistas sin su debida autorización. Dichos descuentos se habrían practicado mediante convenios con entidades que intermediaban el cobro en colaboración con el Instituto Nacional del Seguro Social, organismo responsable de la administración de pensiones y prestaciones en Brasil.
En su decisión, el ministro Mendonça anotó:
“En relación a SINDNAPI, COOPERNAPI, (…) el secuestro debe alcanzar el monto de 389.490.908,91 reales brasileños, valor equivalente al total recibido desde la celebración de los ACT hasta enero de 2025 por dichas entidades y su cuerpo directivo”.
La Policía Federal, encargada de las diligencias, identificó movimientos financieros considerados sospechosos. Entre los indicios figura la transferencia de 1,1 millones de reales brasileños (unos 198.000 euros) a una constructora de São Paulo sin empleados registrados desde 2018 y con domicilio en una dirección residencial, así como operaciones entre sociedades presuntamente de fachada y personas vinculadas a directivos del sindicato.
El procurador general de la República, Paulo Gonet, respaldó la adopción de medidas patrimoniales cautelares. En sus manifestaciones sostuvo que “las medidas cautelares patrimoniales constituyen instrumentos relevantes en el combate a la criminalidad que corroe el patrimonio público. Además de simple cautela procesal, representan un mecanismo de protección de la Hacienda Pública, orientado a garantizar que el producto del ilícito no permanezca en manos de quienes lo sustrajeron”.
Según Gonet, los informes policiales revelaron “movimientos financieros atípicos que muestran pulverización, fraccionamiento y transferencia de valores del Sindnapi a personas físicas y jurídicas vinculadas a su dirección, en actos típicos de blanqueo de capitales”. De este modo, la Fiscalía busca asegurar la disponibilidad de recursos para una eventual restitución de fondos a los beneficiarios originales.
La acción judicial incluyó la ejecución de 66 mandados de búsqueda y apreensión en el Distrito Federal y en siete estados de Brasil: São Paulo, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco y Bahia. Entre los objetivos estuvieron sedes del Sindnapi y domicilios de dirigentes, en una operación coordinada por la Policía Federal bajo supervisión del STF.
Simultáneamente, Milton Cavalo compareció ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del INSS, donde optó por guardar silencio durante gran parte de su declaración. Al ser interpelado sobre el rol de Frei Chico en la entidad, respondió: “Quiero dejar claro que él nunca tuvo función administrativa en el sindicato, sólo un rol político de representación sindical, y nunca le pedí que intercediera abriendo puertas en el gobierno”.
En un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, el Sindnapi afirmó que “no debe nada, colabora plenamente con todas las investigaciones y confía en que todos los hechos serán plenamente esclarecidos”.
Contexto y antecedentes:
El Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) administra las pensiones y prestaciones de jubilación en Brasil, atendiendo a millones de personas mayores y discapacitadas. Los convenios de cooperación técnica permiten a entidades sindicales y asociaciones intermediar ciertos servicios, pero están sujetos a controles estrictos. El secuestro de bienes—conocido como “bloqueo judicial de activos”—es una medida cautelar prevista en el ordenamiento jurídico brasileño para impedir que recursos posiblemente obtenidos ilícitamente sean desaprovechados o dilapidados antes de un juicio definitivo. En este caso, el STF actúa como última instancia para autorizar y supervisar dichas medidas, que suelen exigirse cuando existen pruebas de fraude o malversación.
