La periodista Malu Gaspar publicó el pasado viernes 14 de agosto, en el diario O Globo, un análisis crítico sobre la decisión del ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, de autorizar una operación de la Policía Federal contra Raimundo Cutrim, exsecretario de Seguridad del estado de Maranhão y señalado como fuente del periodista Luís Pablo. El núcleo del conflicto gira en torno a una investigación que aborda reportajes sobre el uso de vehículos oficiales por parte de la familia del ministro Flávio Dino.
En su columna, Malu Gaspar advierte que la medida adoptada por Moraes pone en tela de juicio el principio del sigilo de la fuente, consagrado en la Constitución brasileña como cláusula pétrea, es decir, un precepto que no puede ser objeto de reforma ni eliminación. Esta garantía constitucional busca proteger el anonimato de quienes suministran información de interés público a la prensa, evitando represalias y asegurando el libre ejercicio del periodismo bajo normas democráticas.
La periodista recuerda que casos emblemáticos para la transparencia y la lucha contra la corrupción en Brasil —desde el Mensalão y el Petrolão hasta la operación Vaza-Jato, pasando por la “rachadinha” de Flávio Bolsonaro y las irregularidades del Banco Máster— sólo avanzaron gracias al testimonio de fuentes que jamás habrían colaborado si hubieran temido por su seguridad o su libertad. Según Malu, “de tan central para el fortalecimiento de la democracia, el sigilo de la fuente es garantizado en la Constitución como cláusula pétrea”.
Sobre la medida específica contra Luís Pablo, Gaspar subraya que el periodista recibió información de su fuente y la publicó, acción que por sí misma no constituye delito. No obstante, la orden de registro dictada por el ministro Alexandre de Moraes incluyó el allanamiento del domicilio y de los equipos del reportero, una actuación que la columnista calificó de “cara, jeito e cheiro de pesca probatória”. Este término, de uso coloquial en Brasil, se refiere a prácticas de investigación donde se efectúa una búsqueda amplia con la esperanza de hallar indicios de delito, sin una hipótesis concreta y previa.
Otro elemento de la pesquisa que genera discusión es la sospecha de que Luís Pablo habría recibido 100.000 reales brasileños (aproximadamente 18.000 €) de un abogado. Según las conversaciones halladas, el monto sería un préstamo, mientras que la fiscalía investiga si se trata en realidad de un pago por publicaciones periodísticas. El periodista ha negado con firmeza cualquier acuerdo de ese tipo.
Malu Gaspar también cuestiona la tramitación del caso en el STF y establece paralelismos con episodios anteriores en los que se investigaban pagos a medios o sitios web para difundir contenidos de interés particular. Señala que, de autorizarse flexibilidad en el resguardo de las fuentes, se vería amenazada la capacidad de la prensa para fiscalizar a los poderes públicos, un pilar de los sistemas democráticos contemporáneos.
La periodista advierte que “si todo juez de este país puede quebrar el sigilo de la fuente de un periodista que divulgó información incómoda, resultará imposible escrutar la acción de las autoridades, premisa básica del sistema democrático. Constriñir a un profesional de la prensa hasta el punto de que tema ejercer su labor por miedo a la prisión es propio de un dictador”.
Al concluir su columna, Malu Gaspar sostiene que los ministros del Supremo Tribunal Federal deberían sentirse avergonzados por el precedente abierto a partir de las medidas adoptadas contra Luís Pablo y su informante. “Los ministros del Supremo deberían tener vergüenza del precedente generado en este caso, más aún cuando se presentan ante la opinión pública como los héroes que salvaguardan nuestra democracia”, remató.
