Una nueva ley sancionada por la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, ha vuelto a situar al estado en el centro del debate sobre el aborto en los Estados Unidos. La medida, firmada el 10 de agosto de 2026, elimina el límite gestacional fijo de 24 semanas y amplía la autonomía de los médicos para decidir sobre la realización de abortos en fases más avanzadas de la gestación.
La legislación, denominada Prioritizing Patient Access to Care Act, modifica las reglas que hasta ahora establecían que, una vez superadas las 24 semanas de gestación, el procedimiento solo podía llevarse a cabo en circunstancias concretas: riesgo para la vida o la salud física o mental de la paciente, diagnóstico fetal letal o condiciones graves incompatibles con la supervivencia fuera del útero sin intervenciones extraordinarias.
Con la nueva normativa, el aborto más allá de ese plazo podrá realizarse siguiendo el criterio profesional del médico responsable, sin necesidad de encuadrarlo en una lista determinada de excepciones. El texto también estipula que ningún proceso de revisión médica podrá sustituir el juicio compartido entre el facultativo y la paciente o su representante de salud.
Según los defensores de la iniciativa, el cambio atiende sobre todo situaciones médicas complejas, como complicaciones graves durante el embarazo y diagnósticos fetales severos. Parlamentarios favorables argumentan que, hasta ahora, algunas mujeres tenían que desplazarse a otros estados tras las 24 semanas para recibir atención, debido a las restricciones vigentes en Massachusetts.
Otro aspecto que ha provocado debate en las redes sociales son las reacciones de las mujeres que rodeaban a la gobernadora Healey en el momento de la firma de la norma. Oponentes criticaron los gestos de alegría captados durante la ceremonia, interpretándolos como una celebración de la ampliación del acceso al aborto en fases avanzadas de la gestación. Las imágenes se viralizaron rápidamente y alimentaron la polarización entre grupos a favor y en contra de la reforma.
La ley entrará en vigor noventa días después de su sanción y promete mantener vivo el debate nacional sobre hasta dónde debe llegar la autonomía médica, qué límites han de establecerse para los procedimientos en fases avanzadas de la gestación y cuál ha de ser el papel del Estado en estas decisiones.
Contexto y antecedentes
Tras la anulación en 2022 de la jurisprudencia que protegía el derecho federal al aborto, cada estado estadounidense ha instaurado su propia regulación. Massachusetts, tradicionalmente considerado uno de los más progresistas en materia de derechos reproductivos, mantenía un límite de 24 semanas, acorde con el umbral de viabilidad fetal reconocido por muchas asociaciones médicas.
La viabilidad, entendida como la capacidad de un feto para sobrevivir fuera del útero con apoyo médico, suele situarse entorno a la semana 24 de gestación. Sin embargo, en casos de complicaciones graves —como preeclampsia severa, restricción grave del crecimiento intrauterino o anomalías congénitas incompatibles con la vida—, los protocolos médicos aconsejan una intervención basada en criterios clínicos individualizados.
El principio de autonomía médica, que esta ley refuerza, se basa en la confianza en el juicio profesional de los facultativos y en la corresponsabilidad con la paciente. Diferentes colegios de médicos y sociedades de ginecología suelen insistir en que las decisiones clínicas deben tomarse caso por caso, sin interferencias burocráticas o listas rígidas de excepciones.
Massachusetts se une así a otros estados que ya habían adoptado marcos similares, otorgando más margen de actuación a los equipos médicos en abortos de segundo y tercer trimestre. La firma de la gobernadora Healey refuerza la tendencia a reconocer la complejidad de los casos tardíos y a priorizar la salud integral de la paciente.
La aplicación de esta ley marcará un nuevo capítulo en la discusión sobre derechos reproductivos y autonomía profesional en Estados Unidos. Su desarrollo práctico y las posibles revisiones futuras mantendrán el foco mediático y político sobre el equilibrio entre regulación estatal y decisiones médicas.
