El pasado domingo (9), el país se conmovió con el caso del padre que asesinó a sus dos hijas, de apenas 3 y 5 años. Sin embargo, es importante destacar que el progenitor de las menores se encontraba en libertad condicional tras informes judiciales que señalaban “buen comportamiento”. Breno de Souza Castro, de 24 años, admitió haber matado a las dos niñas en Cidade Dutra, en la Zona Sur de São Paulo.
Las víctimas fueron identificadas como Ísis Helena, de 3 años, y Lais Heloisa, de 5. Según el acta policial, Breno habría estrangulado a las hijas dentro de su propio vehículo mientras pasaba el fin de semana con las niñas.
El hombre ya contaba con antecedentes penales y cumplía una condena por robo desde junio de 2023 en el litoral paulista. En octubre de 2025, la Justicia de São Paulo le concedió la libertad condicional, y Breno abandonó la Penitenciaría de São Vicente II el 15 de noviembre de ese mismo año.
No obstante, el beneficio establecía una serie de restricciones: no podía salir de casa entre las 22:00 y las 6:00 de los días laborables, estaba obligado a permanecer en arresto domiciliario durante todo el periodo de sábados, domingos y festivos, y tenía prohibido abandonar la comarca sin autorización judicial.
A pesar de estas condiciones, Breno habría salido de su domicilio el fin de semana del Día del Padre para recoger a sus dos hijas. Según la información registrada en el caso, fue durante ese tiempo cuando ocurrió el crimen. De acuerdo con el expediente policial, Breno mantuvo una relación de ocho años con Jennifer Nayra Alves, madre de las niñas. La relación, según relató la expareja, estuvo marcada por agresiones físicas y traiciones.
La pareja se había separado en marzo de 2026, pero, según los datos del caso, Breno no aceptaba la ruptura. La tarde del sábado (8), mientras estaba con las hijas, el hombre habría visto una fotografía de su expareja acompañada de amigas en una red social, lo que presuntamente despertó sus celos.
Asimismo, el registro policial indica que Breno envió mensajes afirmando que Jennifer jamás volvería a ver a las niñas. También habría declarado a sus familiares que mataría a las hijas y luego se suicidaría. Ya en la mañana del domingo (9), el hombre se presentó en la 48.ª Sección de Policía de Cidade Dutra y comunicó que había estrangulado a sus dos hijas dentro del vehículo. Agentes de la policía militar localizaron el coche en la calle Luiz Supertti, en el barrio Jardim Guanabara, y encontraron a las niñas sin vida.
El lunes (10), tras la audiencia de custodia, la Justicia de São Paulo convirtió la detención en flagrante de Breno en prisión preventiva. El hombre fue imputado por doble homicidio calificado, con agravantes relacionadas con asfixia, motivo fútil, uso de medios que dificultaron la defensa de las víctimas y por tratarse de menores de 14 años.
Además, Breno responde por violencia doméstica, debido al historial de abusos relatado por su expareja. Este caso atrae la atención no solo por la brutalidad del crimen, sino también porque el presunto autor se encontraba en libertad condicional en el momento en que, según la investigación, cometió los asesinatos.
La libertad condicional en Brasil se rige por el artículo 83 del Código Penal brasileño, que permite al condenado suspender la ejecución de la parte restante de la pena bajo el cumplimiento de ciertas condiciones establecidas por el juez. Por lo general, se concede cuando el recluso ha cumplido al menos un tercio de la condena (o la mitad en casos de penas superiores a 12 años), ha demostrado buena conducta y existe un informe de los servicios penitenciarios que avala la evaluación de bajo riesgo de reincidencia.
Este beneficio impone medidas restrictivas y de supervisión, como la obligación de firmar periódicamente en la autoridad judicial, el sometimiento a un posible régimen de monitoreo electrónico y la prohibición de cambiar de residencia sin autorización. A pesar de ello, la eficacia del control puede verse comprometida por la falta de recursos y la sobrecarga del sistema de seguimiento en algunas regiones de Brasil.
El caso de Breno de Souza Castro cuestiona los mecanismos de evaluación de riesgo y la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de terceros, especialmente cuando se trata de delitos relacionados con violencia familiar e infantil. La tragedia ha reabierto el debate sobre la eficacia de la libertad condicional y las garantías necesarias para proteger a grupos vulnerables.
