Político estadounidense escucha atento durante la presentación de nuevas medidas migratorias (Foto: Instagram)
Una nueva medida fue anunciada días después de que el presidente Donald Trump firmara decretos que amplían las restricciones a la ciudadanía por nacimiento y combaten el “turismo de nacimiento”. En ese contexto, la iniciativa llega con el objetivo de reforzar los controles sobre quiénes pueden adquirir la nacionalidad estadounidense automáticamente al nacer en territorio de Estados Unidos.
La ciudadanía por nacimiento se basa en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1868, que establece que toda persona nacida en el país y sujeta a su jurisdicción es ciudadano de manera automática. Aunque ese principio ha sido interpretado de forma amplia por numerosas sentencias históricas, en los últimos años se ha abierto el debate sobre sus posibles limitaciones y las formas de evitar abusos.
El denominado “turismo de nacimiento” hace referencia a la práctica de viajar a Estados Unidos con la intención principal de que la descendencia obtenga la nacionalidad americana por el solo hecho de nacer en suelo estadounidense. Agencias especializadas calculan que miles de embarazadas llegan cada año con este fin, contratando servicios —que pueden oscilar entre 5.000 y 20.000 euros por paquete— que incluyen alojamiento, acompañamiento médico y asesoría legal para registrar el nacimiento.
Tras los decretos firmados por el presidente Donald Trump, que endurecen los criterios para acreditar la residencia habitual y amplían las definiciones de jurisdicción aplicables, esta nueva norma vendría a complementar dichas medidas. Aunque aún no se han difundido todos los detalles oficiales, se espera que contemple protocolos más rigurosos para verificar el motivo real de los viajes y el historial migratorio de las familias, así como mayores sanciones administrativas y posibles vetos de entrada en futuros procesos migratorios.
El debate sobre la nacionalidad por nacimiento y el turismo asociado no es nuevo en Estados Unidos. En 1898, el Tribunal Supremo dictó el caso United States v. Wong Kim Ark, que consolidó la interpretación de la Decimocuarta Enmienda como garante de la ciudadanía a todos los nacidos en el país, salvo excepciones muy concretas como hijos de diplomáticos. Desde entonces, cualquier modificación ha implicado tensas discusiones políticas y legales acerca de la igualdad de derechos y el alcance de la soberanía nacional.
La medida anunciada refuerza la tendencia observada en los últimos cuatro años, durante los cuales la administración del presidente Donald Trump ha promovido diversas iniciativas para endurecer la política migratoria. Entre ellas destacan la restricción al asilo, la separación de familias en la frontera y el incremento de requisitos de idioma y pruebas de solvencia económica para solicitantes de residencia permanente.
En el plano técnico, la propuesta se apoya en sistemas de información conjuntos entre distintas agencias federales y estatales, así como en acuerdos de intercambio de datos con países de América Latina y Asia. Estas herramientas buscan evitar la duplicación de registros y detectar patrones de viaje que puedan indicar un intento deliberado de eludir las disposiciones de la Decimocuarta Enmienda.
