La Orden de los Abogados de Brasil de São Paulo (OAB-SP) presentó un pedido de habeas corpus para que la abogada e influencer Deolane Bezerra sea trasladada a una Sala de Estado Mayor o bien se sustituya su prisión preventiva por arresto domiciliario. La solicitud se produce tras una inspección técnica efectuada por la entidad en la Penitenciaría Femenina de Tupi Paulista, en el interior de São Paulo.
Según la OAB-SP, la Comisión de Derechos y Prerrogativas de la institución evaluó las condiciones de la unidad carcelaria y concluyó que el espacio no cumple con los requisitos establecidos por la jurisprudencia para ser considerado una Sala de Estado Mayor. La entidad informó que la dependencia “posee naturaleza penitenciaria y no se ajusta a los parámetros definidos por los tribunales para la caracterización de Sala de Estado Mayor”.
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Deolane permanece en prisión preventiva en el Pabellón Especial de la Penitenciaría Femenina de Tupi Paulista y es investigada por presuntas vinculaciones con lavado de dinero del Primer Comando de la Capital (PCC), asociación con tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.
La defensa de la influencer ya había recurrido a la Justicia solicitando el traslado a una Sala de Estado Mayor. En aquella ocasión, los abogados alegaron condiciones insalubres en la unidad, como falta de higiene, calor excesivo y la presencia de escorpiones en la celda. El tribunal rechazó el planteamiento basándose en la información disponible.
La OAB-SP enfatizó que su actuación en este caso está vinculada exclusivamente a las prerrogativas profesionales de la abogada y no al contenido de las investigaciones. “La intervención institucional de la Orden no se relaciona con el mérito de las pesquisas, la legalidad de la prisión ni la defensa técnica de la detenida, limitándose a la protección de las prerrogativas profesionales garantizadas por la ley”, explicó la entidad.
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La Quinta Sala del Superior Tribunal de Justicia (STJ) también analizó un recurso de libertad presentado por la defensa de Deolane. Los magistrados consideraron que no procedía una actuación de esa instancia en ese momento, dado que otros recursos de la defensa aún estaban pendientes de resolución en tribunales inferiores.
Los letrados argumentaron que la prisión preventiva no cumplía los requisitos legales y afirmaron que no existía riesgo concreto para el orden público, la instrucción del proceso o la aplicación de la ley penal. La defensa sostuvo además que las pruebas ya estaban bajo custodia de las autoridades competentes.
Entre los argumentos de la defensa figura el pedido de sustitución de la medida por arresto domiciliario. Señalaron que Deolane es madre de una niña de nueve años y sería la única responsable de sus cuidados. También cuestionaron los fundamentos de la prisión preventiva, argumentando que no se habían citado hechos concretos ni actuales que apuntaran a riesgo de reincidencia delictiva, destrucción de pruebas o fuga. Según la defensa, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2018 y 2021.
Como alternativas a la prisión, propusieron medidas cautelares como la entrega del pasaporte, la prohibición de salida de la ciudad y la restricción de contacto con otros investigados. Durante el juicio, los ministros recomendaron al Tribunal de Justicia de São Paulo que otorgue celeridad al análisis de los recursos presentados por la defensa.
Justicia determinó el bloqueo de aproximadamente 4,86 millones de euros en bienes y valores vinculados a Deolane Bezerra durante la operación policial (Foto: Instagram).
La Sala de Estado Mayor es un régimen especial previsto en la legislación brasileña para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento a determinados presos, generalmente con relevancia profesional o situación de riesgo. De acuerdo con la jurisprudencia, estos espacios deben reunir características de salubridad, seguridad y privacidad superiores a las de un pabellón penitenciario común, medidas que, según la OAB-SP, no se cumplen en la Penitenciaría de Tupi Paulista.
El habeas corpus es un recurso constitucional destinado a proteger el derecho a la libertad de locura personal cuando se considera ilegítima una detención. Su concesión puede implicar el cambio de régimen de reclusión cuando existan indicios de que las condiciones de detención vulneran garantías fundamentales o normas procesales.
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