Agentes vigilan la zona de pista donde un trabajador derribó un dron con una patada (Foto: Instagram)
Un hombre que trabajaba en una zona urbana advirtió cómo un dron se aproximaba a muy poca altura el martes 4 de agosto y reaccionó pateándolo con fuerza. Tras el impacto, el aparato cayó al suelo y resultó dañado. Inmediatamente se abrió una investigación para determinar las circunstancias del incidente y evaluar posibles responsabilidades tanto del operario del dron como del trabajador que lo derribó.
Los drones se han convertido en herramientas habituales para tareas tan diversas como la inspección de infraestructuras, la vigilancia agrícola o la grabación de imágenes aéreas. Equipados con sensores, cámaras de alta resolución y sistemas de navegación por satélite, estos aparatos están sujetos a una normativa específica que regula su uso, altura y zonas de vuelo. Volar un dron a baja altura puede suponer un riesgo para las personas y bienes situados en tierra, así como vulnerar la privacidad de los ciudadanos.
En España, el uso de vehículos aéreos no tripulados está regulado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 y el Reglamento Delegado (UE) 2019/945, además de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015, que introduce las primeras disposiciones específicas para drones. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) es la autoridad encargada de otorgar autorizaciones de vuelo, certificar a los operadores y sancionar las infracciones. Volar fuera de los límites permitidos, sin permiso o a una altura no autorizada puede conllevar multas que oscilan entre los 400 y los 225 000 euros, según la gravedad del caso.
Interferir de forma deliberada con un dron ajeno puede considerarse un acto de vandalismo o un delito contra la navegación aérea. Dependiendo de la valoración del daño causado y de si existió riesgo para la seguridad de personas, el autor de la patada podría enfrentarse a sanciones civiles o penales. Las autoridades analizarán si el dron causó algún peligro para el trabajador o si, en cambio, este reaccionó de manera desproporcionada al considerar que su integridad estaba en riesgo.
Existen precedentes de choques y colisiones entre drones y personas u otros vehículos. En 2021, se registraron varios incidentes en ámbitos rurales y urbanos donde la proximidad del aparato provocó caídas de motoristas o trabajadores agrícolas. Estos sucesos han impulsado debates sobre la necesidad de zonas de exclusión, protocolos de seguridad y sistemas de geovallas que impidan el vuelo cerca de edificaciones o grupos de personas. La evolución tecnológica busca incorporar detectores de obstáculos y sistemas anticolisión para reducir al mínimo los accidentes.
La investigación abierta tras el suceso del martes 4 de agosto ya ha recabado declaraciones del trabajador y del operador del dron. Los peritos examinan el aparato para determinar si funcionaba correctamente y si cumplía los requisitos de registro y homologación. Asimismo, se revisan las grabaciones de vídeo y los informes meteorológicos para esclarecer la dinámica del vuelo. En los próximos días, la autoridad competente decidirá si procede abrir un expediente sancionador o archivar el caso según las conclusiones obtenidas.
