El presidente Abelardo retoma la fumigación aérea contra cultivos de coca (Foto: Instagram)
El nuevo presidente colombiano ha anunciado su intención de retomar la fumigación aérea de cultivos de coca como parte de una estrategia para endurecer el combate al narcotráfico. Según sus declaraciones, esta medida estuvo suspendida durante varios años y ahora regresará con el objetivo de afectar de forma más contundente la producción de hoja de coca, materia prima para el procesamiento de cocaína. El mandatario emerge de un contexto político en el que la erradicación manual y los programas de sustitución de cultivos alternativos no lograron reducir suficientemente las hectáreas cultivadas.
La fumigación aérea consiste en aplicar productos fitosanitarios, principalmente herbicidas de amplio espectro, sobre extensas plantaciones de coca desde aeronaves. Esta práctica se popularizó entre las décadas de 1990 y 2000 en el marco del Plan Colombia, impulsado con apoyo de organismos internacionales y del Gobierno de Estados Unidos. Los herbicidas más utilizados han sido el glifosato, un compuesto químico que actúa eliminando la vegetación agresivamente para impedir la regeneración de los arbustos de coca. De esta forma, se busca desarticular las economías ilegales ligadas al narcotráfico y quitar recursos financieros a los grupos delincuenciales.
No obstante, la fumigación aérea ha generado un debate intenso en torno a sus impactos ambientales y sociales. Comunidades rurales, organizaciones indígenas y asociaciones de agricultores han denunciado posibles daños a cultivos legales, contaminación de fuentes hídricas y efectos adversos en la salud humana. En etapas anteriores se documentaron casos de fumigaciones que afectaron áreas de bosques, fincas de uso agrícola legítimo y zonas de reserva natural. Ante estas preocupaciones, administraciones precedentes optaron por suspender temporalmente los vuelos fumigadores a la espera de estudios técnicos y consultas previas con las comunidades afectadas.
En paralelo, las autoridades han puesto en marcha otras vías complementarias de erradicación y control. Entre ellas figuran la destrucción manual de matas de coca, labores de inteligencia para desarticular rutas de tráfico y programas de desarrollo alternativo que ofrecen incentivos económicos para el cultivo de productos lícitos. Estas iniciativas buscan mitigar el impacto directo de la erradicación forzosa, al tiempo que fomentan alternativas de sustento legal para las familias campesinas. La estrategia integral incluye también el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, la mejora de la infraestructura vial en zonas rurales y el apoyo a proyectos de sustitución de monocultivos.
El endurecimiento del combate al narcotráfico enfrenta retos de diversa índole. Por un lado, la dispersión de cultivos en regiones de difícil acceso complica las operaciones aéreas y terrestres. Por otro, la fragmentación de los grupos armados ilegales y la aparición de nuevas estructuras criminales demandan una coordinación estrecha entre entidades nacionales e instancias multilaterales. En este sentido, la cooperación internacional y los convenios suscritos por Colombia en materia de control de estupefacientes serán piezas clave para la sostenibilidad de cualquier estrategia. Con la reactivación de la fumigación aérea y el anuncio de medidas más severas, el nuevo presidente colombiano despliega un plan que, según sus propias palabras, apuesta por “una política de mano dura contra la producción y el tráfico de cocaína” sin renunciar a los mecanismos de acompañamiento social y ambiental.
