El columnista Cláudio Humberto, del portal Diário do Poder, afirmó que Marco Aurélio Santana Ribeiro, conocido como Marcola y exjefe de gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participó en al menos 113 encuentros con el mandatario entre enero de 2023 y junio de 2026. La información fue difundida tras la divulgación de las investigaciones de la Policía Federal que involucran al exasesor.
Según la columna de Humberto, estos encuentros se habrían producido en diferentes sedes oficiales: el Palacio del Planalto, el Palacio de la Alvorada y la Granja do Torto. La cifra se basa en registros de la agenda presidencial, aunque el texto señala que el número real podría ser aún mayor, dado que el presidente también mantiene reuniones fuera del calendario oficial.
Marcola ocupó la jefatura de gabinete de la Presidencia de la República desde la toma de posesión de Lula, en enero de 2023, hasta julio de 2026. Durante ese periodo, percibía un salario mensual aproximado de 32.000 reales brasileños, lo que equivale a unos 6.080 euros, de acuerdo con el tipo de cambio vigente. Al dejar el cargo, pasó a colaborar en la campaña presidencial de Lula, tras las primeras revelaciones de la Policía Federal sobre depósitos pendientes de aclaración.
La pesquisa de la PF detectó movimientos por un total de 249.000 reales brasileños en la cuenta de Marcola, cuantía que fue atribuida por el propio exjefe de gabinete a un préstamo. Esta cantidad, convertida a moneda europea, representaría aproximadamente 47.310 euros. El columnista Humberto insistió en que Marcola admitió haber recibido ese monto, aunque defendió que se trató de un adelanto informal de dinero.
El caso se vincula además con la empresaria Roberta Luchsinger, amiga declarada de Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, hijo del presidente. La Policía Federal investiga si Luchsinger y Lulinha habrían colaborado para encubrir recursos de terceros, entre los que figura un imputado apodado “Careca do INSS”. Esta denominación alude a supuestas irregularidades en la gestión de prestaciones del Instituto Nacional del Seguro Social de Brasil (INSS).
En paralelo, la Comisión Parlamentaria Mista de Inquérito (CPMI) del INSS aprobó una serie de pedidos de quebrantamiento de sigilo bancario y fiscal de varias personas vinculadas al presunto esquema de fraude. Entre ellas, Lulinha ha visto autorizado por el Supremo Tribunal Federal el acceso a sus datos fiscales y bancarios. Su patrimonio y movimientos financieros han atraído especial atención después de que se detectara un flujo de al menos 19.000.000 de reales brasileños en cuatro años, cifra que equivale a cerca de 3.610.000 euros.
La CPMI investiga contratos y contratos supuestamente ficticios, así como desembolsos dirigidos a figuras clave que habrían actuado como operadores del sistema. Antonio Antunes, alias “Careca do INSS”, aparece en las pesquisas como posible cerebro del entramado. Las autoridades pretenden determinar si existió una sociedad oculta entre él y Lulinha, con objeción de pagos que no se correspondieron con prestaciones reales.
Hasta el momento, el proceso permanece bajo secreto de Justicia. No se han divulgado detalles adicionales sobre el avance de las diligencias ni la fecha prevista para la conclusión de la investigación. No obstante, la reiterada mención de las reuniones entre Lula y Marcola subraya la proximidad política e institucional existente, además de poner de manifiesto la tensión entre el Ejecutivo y los órganos de control judicial.
Ante la relevancia de los hechos, aumentan las voces que reclaman transparencia en la administración pública y en las investigaciones. En Brasil, el jefe de gabinete de la Presidencia es un cargo de alta confianza, encargado de coordinar la agenda presidencial y facilitar la comunicación entre el presidente y los ministros. Ahora, esa función se ve empañada por dudas sobre el posible origen de fondos y la coincidencia de intereses privados.
