El caso de Isabella Nardoni, uno de los crímenes de mayor repercusión en Brasil, vuelve a presentar un nuevo desenlace en los tribunales. Una petición protocolizada en São Paulo solicita la revisión criminal de la condena impuesta a Anna Carolina Jatobá y sostiene que la madrastra no participó directamente en la muerte de la niña.
Según informaciones divulgadas por la columna de Fábia Oliveira, el documento fue remitido al promotor de Justicia de la 2ª Vara del Tribunal del Júri de Santana. La petición está firmada por el abogado Francisco Ângelo Carbone Sobrinho, en representación del activista Agripino Magalhães, presidente de la Asociación del Orgullo LGBTQIAPN+. El texto propone una nueva versión de los hechos que condujeron al fallecimiento de Isabella.
Además, se menciona otro artículo de actualidad: “PCC y CV clonan programas del Gobierno Lula para lucrar millones”. De igual modo, se alude a la noticia: “Negociaciones para la defensa de Vorcaro por el abogado de Cid están concluidas”. Estas referencias ilustran el contexto político y social en que se inscribe la petición.
De acuerdo con el contenido de la petición, Anna Carolina habría agredido a Isabella, pero no sería responsable de la parte final del homicidio. Según esta tesis, la orden para arrojar a la niña por la ventana del apartamento habría partido del abuelo paterno, Antônio Nardoni, mientras que el padre, Alexandre Nardoni, ejecutó materialmente la acción. Con base en esta hipótesis, el recurso argumenta que Jatobá cumple pena por un homicidio en cuya fase definitiva no participó de manera directa.
En consecuencia, el documento solicita que se nombre un abogado dativo para presentar formalmente un pedido de revisión criminal en favor de la exreclusa. Asimismo, se aluden declaraciones atribuibles a la propia Anna Carolina durante la instrucción, en las cuales ella habría negado responsabilidad en el asesinato y afirmado su inocencia respecto a la muerte de Isabella.
Hasta la fecha, la petición es un simple requerimiento ante la Justicia. Las condenas de Alexandre Nardoni y de Anna Carolina Jatobá permanecen vigentes y no existe resolución judicial que acepte o reconozca la nueva versión de los hechos presentada. Cualquier cambio en el estatus de la condena dependerá del análisis del magistrado a cargo del caso y del eventual pronunciamiento del Tribunal de Justicia de São Paulo.
Contexto histórico y procedimiento de revisión criminal
En Brasil, la revisión criminal es un mecanismo excepcional contemplado en el ordenamiento jurídico para corregir sentencias absolutas de condena cuando surgen pruebas nuevas o se demuestra error en el proceso. Para que prospere, debe presentarse un pedido fundamentado y aportar documentos o testimonios inéditos que alteren sustancialmente la comprensión de los hechos. El trámite recae inicialmente en el juez de la ejecución penal y puede ser apelado ante las instancias superiores.
El caso de Isabella ocurrió en 2008 y conmocionó al país: la niña de cinco años fue arrojada desde el sexto piso de un edificio en São Paulo. Tras el juicio en 2010, Alexandre y Anna Carolina fueron condenados por homicidio doblemente agravado. Él recibió treinta años y seis meses de prisión, mientras que ella fue sentenciada a veintos años y nueve meses. Ambos cumplieron parte de sus penas en centros penitenciarios de la región.
La petición actual surge después de que, en 2023, se concediese a Jatobá la progresión a régimen abierto. Sus proponentes cuestionan la legalidad del beneficio y señalan supuestas irregularidades en la ejecución de la condena, como la asignación de un colchón ortopédico, un cargo de jefatura que le habría permitido remitir días de pena por trabajo y la influencia de su suegro, Antonio Nardoni, desde su salida del centro de reclusión. Estos puntos forman parte de la estrategia defensiva para avalar la revisión.
El desenlace de este nuevo capítulo judicial aportará claridad sobre la responsabilidad de cada acusado y el alcance de los mecanismos de revisión criminal en Brasil. Por el momento, el caso sigue abierto en la 1ª Vara de Ejecuciones Criminales de Taubaté, a la espera de la decisión del magistrado y del pronunciamiento de las cortes superiores.
