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PF revela desvío de 708 millones de reales (127,4 millones de euros) del INSS por la Conafer

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La Policía Federal (PF) concluyó la primera fase de la Operación Sin Descuento, revelando que Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores Familiares y Emprendedores Familiares Rurales (Conafer), conocido como “Mão Preta do INSS”, habría utilizado una red de empresas para ocultar fondos desviados de jubilados y pensionistas del Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) mediante descuentos asociativos no autorizados.

Según el informe remitido este martes 14 de julio al ministro André Mendonça del Supremo Tribunal Federal (STF), la organización criminal aplicaba cargos irregulares a los beneficios de la seguridad social. La PF estima que el núcleo vinculado a la Conafer movió al menos 708 millones de reales (127,4 millones de euros) entre 2019 y 2024.

El INSS es el organismo público brasileño responsable de gestionar las prestaciones de jubilación, pensiones y otros subsidios de la seguridad social. Los llamados “descuentos asociativos” consisten en retenciones periódicas sobre la prestación, supuestamente pactadas con asociaciones de productores rurales. No obstante, y de acuerdo con la PF, estos cargos carecían de autorización expresa de los beneficiarios y de respaldo legal, configurando un fraude sistemático contra jubilados de bajos recursos.

Las investigaciones identificaron dos núcleos principales que gestionaban las finanzas del grupo. El primero, liderado por Cícero Marcelino de Souza Santos y su esposa Ingrid Pikinskeni Morais, acumuló más de 312 millones de reales (56,2 millones de euros) a través de empresas vinculadas a ambos. El segundo estaría operado por Samuel Chrisóstomo do Bomfim Júnior junto con su hermana Lucineide dos Santos Oliveira.

De los más de 700 millones de reales (unos 126,0 millones de euros) recibidos por la Conafer durante el periodo analizado, cerca de 644 millones de reales (116,0 millones de euros) fueron transferidos directamente a empresas y personas vinculadas al esquema. Entre las entidades implicadas figura la Agropecuaria y Minera Lagoa Alta Ltda., utilizada para la adquisición y mantenimiento de inmuebles, vehículos y rebaños.

La Conafer agrupa a pequeños productores y emprendedores del medio rural, ofreciendo asesoría y servicios de representación ante entes oficiales. Fundada hace varias décadas, esta confederación goza de reconocimiento oficial para negociar y gestionar programas de apoyo a la agricultura familiar. Sin embargo, según la PF, su estructura fue desviada para ejecutar cobros ilícitos sin el consentimiento real de los beneficiarios del INSS.

El escándalo fue destapado por la página Metrópoles en una serie de reportajes publicados desde diciembre de 2023. A raíz de estas publicaciones, la PF abrió un inquérito que derivó en la Operación Sin Descuento, iniciada el 23 de abril, y contó también con investigaciones de la Controladoria-General de la Unión (CGU), órgano responsable de supervisar el uso de recursos públicos.

La primera fase del inquérito llevó al indiciamiento de 48 personas por presunta organización criminal, lavado de dinero y corrupción. Entre los investigados figuran el ex-presidente del INSS Alessandro Stefanutto y el lobista Antonio Camilo Antunes, apodado “Careca do INSS”, todos ellos sujetos a prisión preventiva. Por su parte, Carlos Roberto Ferreira Lopes permanece en situación de fugitivo.

Durante los operativos se incautaron aproximadamente 1.487 bovinos, 33 equinos, camiones, remolques y una camioneta Trailblazer, así como documentación relevante. El ganado quedó a cargo de depositarios judiciales ante la dificultad para su traslado inmediato. La PF solicitó al STF el bloqueo de bienes y la aprehensión de los animales ubicados en propiedades de Nova Módica, Itambacuri y Jequitinhonha.

El ministro André Mendonça deberá remitir el informe a la Procuraduría General de la República (PGR), que decidirá si formula la acusación formal contra los implicados. El avance de este caso resulta clave para introducir medidas de protección a los jubilados y garantizar la transparencia en la gestión de fondos públicos para la seguridad social.

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