El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), rechazó la solicitud de la exesposa y de la hija del periodista Oswaldo Eustáquio para desbloquear las cuentas bancarias y devolver los pasaportes confiscados.
En la decisión del 24 de junio, a la que ha tenido acceso esta columna, el ministro desestimó las peticiones de las defensas de ambas, destacando que el divorcio de la excompañera de Eustáquio no altera los fundamentos de las medidas cautelares impuestas. Según Moraes, Eustáquio habría utilizado las cuentas de su hija para eludir decisiones del STF y acumular activos con fines ilícitos y antidemocráticos.
“Así, permanecen inalterados los requisitos fácticos que justifican la mantención del bloqueo total de las cuentas bancarias de las solicitantes, así como de sus pasaportes”, escribió el ministro al denegar el recurso.
El proceso al que pertenece esta decisión forma parte de la causa en la que la Policía Federal (PF) concluyó con el procesamiento del periodista Allan dos Santos, del senador Marcos do Val (Podemos-ES), de Ednardo D’Ávila Mello Raposo y del propio Oswaldo Eustáquio. Los bloqueos contra la familia del periodista están vigentes desde agosto de 2024, cuando Moraes ordenó la incautación del pasaporte y del teléfono móvil de la hija de Eustáquio durante una operación de la PF en la vivienda donde Mariana reside con su madre, en el barrio Lago Sul de Brasilia.
Con esta resolución, la familia de Mariana contrató al abogado Fábio Pagnozzi, defensor de Carla Zambelli en un proceso de extradición, para representarles en este expediente. Actualmente radicado en España, Oswaldo Eustáquio tiene órdenes de detención abiertas en Brasil, emitidas por el ministro Alexandre de Moraes. Está investigado por amenazas, corrupción de menores y tentativa de abolición del Estado Democrático de Derecho, en relación con los sucesos del 8 de enero de 2023. Eustáquio niega las acusaciones.
El Supremo Tribunal Federal (STF) es la máxima instancia judicial de Brasil, responsable de garantizar el cumplimiento de la Constitución y de dirimir conflictos entre poderes y entre Estados federados. Sus ministros pueden imponer medidas cautelares, como el bloqueo de activos y la retención de pasaportes, cuando existen indicios de que los investigados podrían eludir la acción de la justicia, destruir pruebas o reiterar conductas delictivas.
Las medidas cautelares en el ámbito penal brasileño buscan asegurar la eficacia de una posible condena y preservar el Estado de Derecho. Entre dichas medidas, el bloqueo de cuentas bancarias y la incautación de bienes personales o documentos de viaje responden a la necesidad de evitar el riesgo de fuga y el financiamiento de actividades ilícitas.
La Policía Federal de Brasil, dependiente del Ministerio de Justicia, es el organismo encargado de investigar delitos federales, como lavado de dinero, terrorismo y violaciones de la Carta Magna. Sus operaciones se ejecutan bajo mandato judicial, lo que garantiza el respeto a las garantías procesales de los investigados.
El 8 de enero de 2023, manifestantes asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia —el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y la Corte Suprema—, en un intento de subvertir el orden democrático. Este episodio motivó una intensificación de las indagaciones contra personas que habrían promovido o colaborado con dichas acciones, en particular a través de plataformas digitales.
La situación legal de Oswaldo Eustáquio ilustra la complejidad de los casos con implicaciones internacionales. La emisión de mandatos de prisión preventiva por parte de la justicia brasileña y su residencia en España pueden dar pie a solicitudes de extradición. Este proceso requiere la colaboración entre los tribunales y gobiernos de ambos países para evaluar el respeto a derechos fundamentales y tratados bilaterales.
