En una acción civil iniciada por el Ministerio Público del Distrito Federal (MPDFT) contra Virginia Fonseca y la casa de apuestas Blaze, el organismo solicita que la Justicia del Distrito Federal ordene la retirada “inmediata” de contenidos difundidos por la influencer que inciten “apuestas que prometan ganancias irreales”.
En la solicitud de tutela de urgencia, el MPDFT pide también la eliminación de todo material “publicitario que induzca al consumidor a error; estimule apuestas en un equipo, evento o condición deportiva específica; o utilice patrones oscuros (dark patterns) y publicidad encubierta en contenidos de carácter personal”.
La petición del Ministerio Público se fundamenta en un informe técnico que aglutina más de 42.000 denuncias registradas contra Blaze. Según el documento, al que Metrópoles tuvo acceso exclusivo, Virginia Fonseca y la casa de apuestas “operan en un contubernio predatorio, donde la división de tareas conforma una estrategia conjunta de captación de consumidores por medios ilícitos”.
El MPDFT ha solicitado que Virginia Fonseca y Blaze sean condenadas a abonar, al menos, 120 millones de reales brasileños (aprox. 22,8 millones de euros) en concepto de indemnización por daños morales colectivos. Además, se menciona un caso concreto de inducción abusiva de la influencer en una apuesta por el partido entre Argentina y Cabo Verde.
En 2025, Virginia Fonseca compareció ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de las Apuestas del Senado Federal que investigó las plataformas de apuestas en línea. Durante más de tres horas de declaración, exhibió la marca de una de sus empresas ante más de 500.000 espectadores que seguían la sesión a través de la transmisión oficial.
El MPDFT detalla en su escrito que la apertura del procedimiento judicial respondía a “dos vectores investigativos convergentes”: el primero, el recibo de denuncias directas de consumidores que reportaban retención sistemática de valores depositados, bloqueo de cuentas y explicaciones genéricas; el segundo, el informe técnico consolidado con más de 42.000 quejas contra la plataforma Blaze.
Dicho informe técnico “corroboró los indicios de prácticas abusivas, la retención sistemática de fondos y la imposición de metas de apuestas aparentemente inalcanzables”, una dinámica que en terminología de la industria se conoce como “rollover”: el requisito de apostar un monto determinado antes de poder retirar el propio dinero. Esta práctica está prohibida por la Portaria SPA/MF n.º 1.231/2024, que prohíbe ofrecer ventajas financieras condicionadas para atraer apostadores.
Por ese motivo, el promotor Paulo Roberto Binicheski solicita que la Justicia del DF imponga a Virginia Fonseca y Blaze una multa diaria de 1 millón de reales (aprox. 190.000 €) en caso de no cesar de inmediato la difusión de cualquier tipo de publicidad que prometa ganancias fijas, asegure ganancias garantizadas, sugiera “ingresos extra”, indique ausencia de riesgo o utilice cualquier otro recurso apto para inducir al consumidor a error, en cualquier plataforma digital.
Asimismo, se requiere a Blaze que cese la remuneración de influenciadores “en perjuicio de los apostadores”, que detenga el volumen de apuestas recurrentes tras sus anuncios publicitarios —sean claros o encubiertos—, y que interrumpa cualquier fórmula de incentivo a la ampliación de la captación de usuarios, bajo la misma penalización de multa diaria.
En su fundamentación, el promotor subraya que la actuación de Virginia Fonseca como “rostro publicitario” no es neutral: “Ella opera como brazo operativo de la captación, ejecutando el mensaje engañoso e induciendo a la apuesta. El Código de Defensa del Consumidor brasileño adopta la teoría del riesgo-provecho, atribuyendo responsabilidad a quien expone a terceros a riesgos con el objetivo de obtener beneficios.”
Sobre la supuesta promesa de “ganancias fáciles”, Binicheski afirma que la influencer “utiliza un lenguaje que subvierte la lógica probabilística de las apuestas, convirtiéndolas en una falsa promesa de ‘ingresos extra’. Esta conducta configura publicidad engañosa por omisión (art. 37, § 1º, del CDC), al ocultar el riesgo inherente de pérdida y la naturaleza aleatoria del juego.”
La acción fue presentada el miércoles 8 de julio en la 7.ª Vara Cível de Brasília. Hasta el momento, no se ha dictado sentencia ni medida cautelar definitiva.
