La Policía Federal (PF) inició en la mañana del miércoles 2 de julio la tercera fase de la Operación Rent a Car, bautizada Galho Fraco II, con el fin de profundizar en las pesquisas sobre un supuesto esquema de desvío de fondos públicos destinados al alquiler de vehículos financiado con recursos parlamentarios. Según informó la PF, la investigación se centra en verificar si empresas de alquiler de coches emitían facturas falsas o simulaban servicios para justificar pagos con la Cota para el Ejercicio de la Actividad Parlamentar (Ceap), un presupuesto anual asignado a cada diputado para cubrir gastos vinculados a su mandato. La Ceap permite sufragar, entre otros, transporte, combustibles y servicios de vehículos oficiales.
Por orden del Supremo Tribunal Federal (STF), agentes federales ejecutaron diligencias judiciales en el Distrito Federal, Goiás y Minas Gerais. Durante los operativos fueron incautados relojes de lujo y dinero en efectivo, hallazgos que apuntan a posibles irregularidades y enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la PF, las pesquisas también detectaron intentos de ocultar o destruir pruebas, lo que podría tipificarse como fraude procesal.
Esta tercera etapa es continuación directa de las fases anteriores de la Operación Rent a Car, iniciadas en junio de 2024, que identificaron irregularidades en la contratación de la empresa Harue Locação de Veículos Ltda. para la prestación de servicios presuntamente ficticios. En aquella ocasión, la Policía Federal cumplió seis mandatos de búsqueda y aprehensión en el Distrito Federal, Río de Janeiro y Tocantins, dirigidos contra asesores de los diputados federales Carlos Jordy (PL-RJ) y Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). Dicha investigación se tramita ante el STF debido al fuero privilegiado de los parlamentarios implicados.
Hasta el momento, se calcula que Harue recibió unos 841 900 reales brasileños en pagos de fondos parlamentarios entre 2015 y 2024, cantidad que equivale aproximadamente a 143 100 euros. De dichas sumas, alrededor de 557 400 reales (unos 94 800 euros) habrían sido abonados por Jordy y Cavalcante, quienes han negado categóricamente cualquier acto irregular.
La PF ha señalado que los principales delitos investigados en este caso incluyen peculado (apropiación indebida de recursos públicos), blanqueo de capitales, fraude procesal y asociación ilícita. El peculado se refiere al uso de bienes o recursos públicos para fines personales; el blanqueo de capitales implica dar apariencia de legalidad a fondos ilícitos; el fraude procesal engloba actos destinados a alterar o eliminar pruebas; y la asociación ilícita identifica grupos organizados con fines delictivos.
El STF, máxima instancia judicial del país encargada de procesar a autoridades con fuero privilegiado, autorizó todas las medidas solicitadas por la PF tras evaluar las evidencias preliminares. La Operación Galho Fraco II representa un esfuerzo coordinado entre la Fiscalía General de la República, la Policía Federal y el propio tribunal para garantizar la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos.
Asimismo, este caso refuerza la vigilancia sobre el uso de la Ceap, un mecanismo creado en 2009 para dotar de autonomía a los diputados en el ejercicio de su labor legislativa, pero que ha sido objeto de controversias y auditorías en los últimos años. El Congreso ha enfrentado críticas por la opacidad en los criterios de asignación y control de este presupuesto. La divulgación de nuevas fases de la operación podría impulsar reformas en las normas de rendición de cuentas y fortalecer los mecanismos de supervisión parlamentaria.
A medida que la investigación avance, la PF evaluará el grado de responsabilidad de cada implicado. Los investigados podrán responder ante la Justicia según su nivel de participación y, de confirmarse las acusaciones, se enfrentarán a posibles condenas que incluyen penas de prisión, multas y restitución de los fondos desviados. Por ahora, las diligencias continúan y la sociedad civil, junto a los órganos de control, permanece atenta a los resultados de esta fase crucial de la Operación Rent a Car.
