El Superior Tribunal de Justicia (STJ) decidió, por unanimidad, que Nataly Helen Martins Pereira, detenida bajo acusación de asesinar a la adolescente embarazada Emelly Beatriz Azevedo Sena, de 16 años, en marzo de 2025, en Cuiabá, debe ser sometida a un examen para evaluación de su salud mental. La medida se mantuvo tras la Corte rechazar un recurso del Ministerio Público de Mato Grosso (MPMT), que intentaba revertir la determinación.
La información fue confirmada por la defensa de Nataly. Con la decisión, prevalece el criterio del Tribunal de Justicia de Mato Grosso (TJMT), que autorizó la realización de la evaluación psiquiátrica antes de decidir sobre la remisión de la acusada al Tribunal del Jurado.
En julio de 2025, el juez de la 14.ª Vara Criminal de Cuiabá, Francisco Ney Gayva, aceptó la denuncia presentada por el Ministerio Público por los delitos de feminicidio, tentativa de aborto, simulación de parto, sustracción de recién nacido, ocultación de cadáver, fraude, falsedad ideológica y uso de documento falso. En esa ocasión, el magistrado había denegado el pedido de la defensa para la realización del examen psiquiátrico.
La defensa apeló aquella decisión y el TJMT anuló ese pronunciamiento, autorizando la evaluación. En noviembre de 2025, el tribunal consideró que la prueba debía realizarse antes de resolver si el caso se enviaba al Tribunal del Jurado. El Ministerio Público recurrió ante el STJ, pero los ministros confirmaron de forma unánime el fallo del tribunal estatal.
Según la defensa, Nataly presentaba un historial de sufrimiento psíquico, con seguimiento psiquiátrico en el sistema penitenciario y testimonios familiares sobre traumas anteriores. Los abogados sostienen que estos elementos justifican la evaluación para determinar si existió un compromiso de la capacidad de comprensión de los hechos en el momento del delito.
De acuerdo con la Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Nataly asfixió a Emelly Beatriz Azevedo Sena con el objetivo de sustraer al bebé. La investigación señala que la acusada habría simulado una gestación durante varios meses, utilizando ecografías falsas e imágenes adulteradas para convencer a sus allegados.
La policía informó que la adolescente fue atraída hasta una vivienda en el barrio Jardim Florianópolis bajo el pretexto de recibir donaciones de ropa. Tras la consumación del delito, Nataly se presentó en un hospital para registrar al recién nacido, alegando que el parto había ocurrido de forma natural en el domicilio. El personal médico sospechó de las circunstancias y alertó a la policía, que detuvo tanto a la sospechosa como a un hombre que la acompañaba.
En su declaración, Nataly confesó el crimen y aseguró haber actuado sola con la intención de quedarse con el bebé de la adolescente. La recién nacida recibió atención médica, fue dada de alta del Hospital Beneficente Santa Helena, en Cuiabá, y permanece bajo el cuidado de la familia materna, acompañada por la abuela y el padre.
En el sistema penal brasileño, la realización de exámenes de salud mental se rige por el Código de Proceso Penal, que establece procedimientos específicos para evaluar la imputabilidad de los acusados. Estos informes psiquiátricos buscan determinar si, en el momento de los hechos, el investigado poseía plena capacidad de entendimiento y voluntad, lo cual influye en la calificación del delito y en la imposición de la pena.
El Superior Tribunal de Justicia, como órgano encargado de unificar la interpretación de la legislación federal, reúne a ministros para resolver recursos que versan sobre normas procesales y materia penal. Por su parte, el Tribunal del Jurado en Brasil es competente para juzgar delitos dolosos contra la vida, como el homicidio y el feminicidio, y está integrado por jueces letrados y jurados ciudadanos.
La condena o absolución en un Tribunal del Jurado depende tanto del aspecto técnico-jurídico como del convencimiento moral de los jurados. En este contexto, la realización previa de la evaluación psiquiátrica puede resultar determinante para dilucidar la responsabilidad penal de la acusada, así como para ajustar las sanciones conforme al grado de imputabilidad que se le reconozca.
