La violencia contra las personas mayores con frecuencia ocurre en el hogar, de forma silenciosa y a menudo no es reconocida por la propia víctima. En el Distrito Federal, entre enero y el 24 de junio de este año, 10.755 ancianos fueron víctimas de violaciones de los derechos humanos, según denuncias recibidas por la Defensoría Nacional de los Derechos Humanos (Línea 100). Para más de 9.300 de esas personas, las violaciones ocurrían diariamente.
Las denuncias resultaron en 50.116 registros de violaciones, puesto que una sola queja puede incluir distintos tipos de violencia e infracciones a los derechos de la víctima. Los datos sitúan al Distrito Federal en cuarto lugar en el ranking nacional de unidades de la Federación con el mayor número de violaciones de derechos humanos contra personas mayores en el primer semestre de 2026.
Con el cierre de Junio Violeta, campaña destinada a concienciar y combatir la violencia contra las personas mayores, se destacan las diferentes formas de agresión, que pueden ser físicas, psicológicas, patrimoniales, institucionales, sexuales o derivadas de negligencia y abandono.
En cuanto a la distribución por edad, la mayoría de las víctimas tiene entre 70 y 74 años, con 8.657 casos. Le siguen las personas de 75 a 79 años (508); de 65 a 69 años (372); de 80 a 84 años (366); de 60 a 64 años (334); de 85 a 89 años (245); y 90 años o más (198). En 75 casos no se informó la edad.
Respecto al género, los hombres representan la mayoría de las víctimas, con 9.313 registros, mientras que las mujeres suman 1.394. Existen también casos en los que esta información no fue proporcionada.
La violación más frecuente está relacionada con la integridad, con 10.624 registros. También son comunes las infracciones a los derechos sociales (3.638) y la violencia institucional (936). El panel contabiliza además violaciones que afectan la libertad (373), los derechos civiles y políticos (101) y la igualdad (50).
Franciely Almeida, coordinadora general de la Línea 100, explica que las violaciones a la integridad incluyen violencia física, psicológica, patrimonial, tortura, malos tratos, negligencia, abandono y otras acciones que comprometen la seguridad, la salud o la dignidad de la persona mayor.
Otro dato preocupante es la frecuencia de las agresiones. Según el Panel de la Defensoría Nacional de los Derechos Humanos, más de 9.300 ancianos sufren violaciones de derechos humanos todos los días.
“La clasificación de frecuencia diaria indica que la violación se produce de manera continua o reiterada cada día, sin limitarse a un episodio aislado. Esta información es crucial para evaluar la gravedad de la situación y orientar las medidas de protección a adoptar”, destaca la coordinadora general.
Almeida observa que la recurrencia diaria es habitual en casos de violencia familiar o de cuidado, especialmente en situaciones de negligencia, abandono, violencia psicológica, agresiones físicas continuas y violencia patrimonial.
DESAFÍOS EN LA RED DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
La Delegación Especial de Represión a los Delitos por Discriminación Racial, Religiosa o por Orientación Sexual o Contra la Persona Mayor o con Discapacidad (Decrin/PCDF) también ha registrado un aumento en los casos que involucran a ancianos.
Desde el 1 de enero hasta el 25 de junio de este año se contabilizaron 123 denuncias, frente a 101 en el mismo periodo de 2025 y 92 en 2024, lo que equivale a un incremento del 21,7 % con respecto al año anterior.
El número de investigaciones abiertas también se ha elevado. La delegación inició 102 diligencias este año, frente a 83 en 2025 y 71 en 2024.
Cyntia Carvalho, subdirectora adjunta de Decrin, atribuye el aumento tanto al envejecimiento de la población como al fortalecimiento de la delegación especializada. “Con más personas mayores, hay mayor posibilidad de víctimas. Al mismo tiempo, Decrin ha ampliado sus acciones y difundido su labor, animando a más afectados a acudir a la delegación”, explica.
A pesar del incremento en las denuncias, la delegada afirma que el mayor reto es convencer a las víctimas de que están sufriendo violencia. “La principal dificultad es sensibilizar a la persona mayor para que se reconozca como víctima. Sin la colaboración de ésta, muchas investigaciones no avanzan.” Carvalho destaca que, en la mayoría de los casos, los agresores son familiares, principalmente hijos y nietos.
Señala que las violencias más frecuentes investigadas son la psicológica y la patrimonial. La primera se produce cuando el anciano es excluido de las decisiones familiares, ve vulnerada su autonomía o es aislado socialmente. La segunda abarca desde la apropiación indebida de pensiones hasta presiones para preservar el patrimonio con vistas a una herencia futura.
Otro problema es la falta de infraestructura en la red de acogida del Distrito Federal. Según la delegada, en ocasiones la detención del agresor resulta inviable por la ausencia de lugares donde recibir a la víctima. “A veces logramos alejar o detener al cuidador que comete la violencia, pero no disponemos de un sitio al que llevar a la persona mayor. Las fuerzas de seguridad cumplen su labor, pero faltan recursos de asistencia social, como residencias públicas de larga estancia y centros de día.”
Para Carvalho, el combate contra la violencia hacia los ancianos requiere una acción integrada entre seguridad pública, asistencia social y salud. “No basta investigarlo y detenerlo. Es necesario garantizar una red capaz de acoger y proteger a las víctimas.”
CONCIENCIACIÓN Y PREVENCIÓN
Mientras Decrin se encarga de la investigación penal, la Secretaría de Justicia y Ciudadanía del Distrito Federal (Sejus-DF) dirige sus esfuerzos a la prevención y el apoyo a las víctimas. Según Dolores Ferreira, subsecretaria de Políticas para las Personas Mayores, la mayoría de las infracciones de derechos contra ancianos guarda relación con la vulnerabilidad social y los conflictos familiares, destacando sobre todo la violencia patrimonial, la negligencia, las agresiones físicas y la psicológica.
Datos de la consejería indican que en 2026 se han recibido y derivado 884 denuncias de violaciones de derechos de personas mayores.
Para Ferreira, la violencia contra las personas mayores sigue siendo en gran medida silenciosa y acontece en el ámbito familiar, lo que dificulta su identificación y denuncia. “Muchos ancianos dependen económica o emocionalmente de sus agresores y, por miedo, vergüenza o temor a romper los lazos familiares, terminan no denunciando estas situaciones”, afirma.
La subsecretaria destaca que ampliar el acceso a la información es una de las principales estrategias para reducir este tipo de violencia. “Cuando la persona mayor dispone de la información adecuada, sufre menos agresiones. Al conocer sus derechos e identificar los abusos, se fortalece para buscar ayuda y romper los ciclos de violencia.”
Ferreira sostiene que el DF cuenta con una red integrada de protección que agrupa asistencia social, salud, seguridad pública y sistema de Justicia. Entre los servicios disponibles figuran el programa Viver 60+, los Centros de Referencia Especializados de Asistencia Social (Creas), los Centros Especializados para la Atención de Personas en Situación de Violencia (Cepavs), la Central Judicial de la Persona Mayor, la Decrin y los canales de denuncia como la Línea 100, el teléfono 197 de la Policía Civil y la Defensoría del GDF (162).
Durante la campaña Junio Violeta, Sejus-DF ha organizado talleres, conferencias, círculos de conversación y actividades de integración en los 48 centros del programa Viver 60+, orientando a los participantes sobre los distintos tipos de violencia, las señales de alerta y los canales de denuncia.
Fortalecer los lazos sociales también es una vía de prevención, pues el aislamiento incrementa la vulnerabilidad de las personas mayores.
DISQUE 100
La Línea 100, servicio del Ministerio de los Derechos Humanos y de la Ciudadanía, recibe, analiza y deriva las denuncias de violaciones de derechos de menores, ancianos, personas con discapacidad, población LGBTQIA+, personas en situación de calle y otras comunidades vulnerables, como indígenas, quilombolas y gitanos.
Posteriormente se realiza un seguimiento de los casos, con el fin de monitorear las acciones emprendidas por los organismos competentes, respetando las respectivas competencias legales.
El servicio funciona como un “servicio de urgencias” de los derechos humanos, atendiendo situaciones graves de violaciones recientes o en curso, e involucrando a los órganos correspondientes para posibilitar actuaciones inmediatas.
La Línea 100 opera los 365 días del año, las 24 horas, incluidos sábados, domingos y festivos. Las llamadas son gratuitas y pueden efectuarse desde cualquier teléfono fijo o móvil en todo el país.
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