Un caso que ha conmocionado a la opinión pública del Reino Unido ha vuelto a poner de relieve las posibles deficiencias del sistema de protección infantil tras la condena de los responsables por la muerte de Preston Davey, un bebé de 13 meses. Preston fue adoptado apenas unos meses antes de su fallecimiento y su caso ha desatado un debate sobre los protocolos de adopción y seguimiento de menores en aquel país.
Según los documentos judiciales, la decisión de retirar al niño de la custodia de su madre biológica obedeció a criterios de riesgo para el menor, conforme a lo establecido en la Children Act de 1989, la principal legislación británica sobre infancia y familia. Inicialmente, Preston fue colocado en régimen de acogida temporal y, en abril de 2023, fue asignado a dos hombres que habían superado las evaluaciones previas realizadas por los servicios sociales: un proceso de comprobación de antecedentes penales, inspección del entorno doméstico y formación obligatoria para aspirantes a adoptantes.
Los informes de la investigación revelaron que, durante los aproximadamente cuatro meses que vivió con Jamie Varley, de 37 años, y John McGowan-Fazakerley, de 32 años, Preston sufrió múltiples episodios de malos tratos y negligencia. Testimonios de vecinos, profesionales de la sanidad y asistentes sociales describieron señales de abandono, desnutrición y marcas compatibles con golpes recientes. El bebé llegó a ser ingresado en urgencias en más de una ocasión, tal y como consta en los historiales médicos aportados al tribunal.
En julio de 2023, Preston falleció en circunstancias que las autoridades calificaron de “homicidio por acción u omisión”. En el juicio celebrado este mes, la fiscalía presentó fotografías, registros de las visitas hospitalarias y el testimonio de expertos en protección infantil. El jurado concluyó que ambos hombres incurrieron en un trato deliberado y continuado de crueldad: Jamie Varley ha sido condenado a cadena perpetua, mientras que John McGowan-Fazakerley ha recibido una pena de 25 años de prisión.
El fallo judicial reintrodujo en el debate público otro caso emblemático: el de “Baby P” (Peter Connelly), un niño de 17 meses que murió en 2007 tras sufrir 50 heridas y cuyo caso motivó reformas parciales en los protocolos de seguimiento de menores. Sin embargo, la repetición de tragedias similares ha llevado a las autoridades del Reino Unido a anunciar una revisión exhaustiva de los procedimientos de supervisión de familias adoptivas y de acogida.
Anne Longfield, comisaria para la infancia del Reino Unido, ha calificado el episodio como una posible “falla sistémica” y reclama un reforzamiento de la coordinación entre servicios sociales, pediatras y centros educativos. En concreto, plantea la revisión de los criterios de frecuencia de las visitas domiciliarias y del acceso de los trabajadores sociales a los historiales clínicos integrados.
La madre biológica de Preston ha declarado a la prensa que, tras la orden judicial de retirada, creyó que su hijo quedaría bajo protección eficaz, pero nunca imaginó un desenlace tan trágico. Su testimonio subraya el impacto emocional y el sentimiento de impotencia que sufren muchas familias durante procesos de separación y adopción.
En España, la adopción de menores también está regulada por un riguroso procedimiento administrativo y judicial. La ley exige aprobación oficial de los aspirantes, informes psicológicos y sociales, así como un periodo de convivencia de prueba. Aun así, los expertos insisten en que el éxito de estas medidas depende de un seguimiento continuo y de la formación permanente de los profesionales que intervienen en el cuidado del menor.
Este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar tanto la legislación como los recursos destinados a la protección de la infancia, con objeto de evitar que tragedias como la de Preston vuelvan a repetirse.
