Una mujer de 75 años obtuvo en los tribunales una orden para desahuciar de su vivienda a sus propios hijos, de 40 y 42 años, después de décadas de convivencia marcada por tensiones y conflictos familiares. El caso, que se desarrolló en la ciudad de Pavia, en el norte de Italia, adquirió repercusión internacional al ser recogido por medios locales y por el diario británico The Guardian.
Según el expediente judicial, la madre, propietaria del inmueble, denunció que ambos hermanos contaban con empleo estable pero se negaban a aportar a los gastos de la residencia o a colaborar en las tareas domésticas. A su juicio, esa situación vulneraba su derecho de disponer libremente de su propiedad y sobrepasaba los límites de la obligación de los progenitores de proveer sustento a los hijos.
Antes de iniciar la vía judicial, la mujer de 75 años afirma haber intentado por vía extrajudicial que los dos adultos buscaran alternativas de vivienda e independencia económica. Sin embargo, las propuestas de la madre no prosperaron y, según consta en la demanda, los hijos no mostraron voluntad de emanciparse ni de contribuir a los pagos de suministros, hipoteca o arreglo de la casa.
En el proceso, que se tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia de Pavia, la jueza encargada —Simona Caterbi— analizó las cláusulas del Código Civil italiano relativas al derecho de habitación y al deber de alimentos. La magistrada concluyó que la obligación de los padres de prestar ayuda económica a sus hijos no puede extenderse de forma indefinida cuando estos alcanzan la plena capacidad para desarrollar una vida independiente. Además, consideró que la permanencia de los hijos en la vivienda sin aportar su parte suponía un agravio a la voluntad de la propietaria y un uso injustificado del bien inmueble.
En su sentencia, la jueza Caterbi insistió en que, si bien el auxilio parental es un pilar fundamental del derecho de familia, existe también el principio de autonomía y responsabilidad individual cuando las personas alcanzan una edad y unos recursos suficientes. De este modo, la resolución judicial estableció un plazo razonable para que los dos varones abandonaran el domicilio materno y buscaran residencia propia, so pena de proceder a su desalojo forzoso.
La figura jurídica invocada para proteger el derecho de la dueña a disponer de su propiedad se conoce en Italia como «sfratto» cuando hay desahucio por incumplimiento de obligaciones. En este caso, el procedimiento se basó en la falta de pago de suministros y en la ausencia de contribución a las tareas del hogar, cuestiones que la jurisprudencia suele considerar fundamentales en los contratos de arrendamiento o en situaciones de cesión de uso voluntaria.
Pavia, ciudad universitaria y de mediana población situada en la región de Lombardía, ha acogido en los últimos años debates relativos al envejecimiento de la población y a los conflictos intergeneracionales. La situación descrita en este procedimiento representa un ejemplo extremo de la tensión entre el deber de cuidado hacia los hijos y el derecho al propio espacio vital que tienen los mayores, especialmente cuando conviven varias generaciones bajo un mismo techo.
Este caso ha suscitado interés en otros países europeos, donde existen legislaciones parecidas sobre la obligación de alimentos y el desalojo de parientes que no cumplen los acuerdos familiares. Algunos expertos en derecho comparado señalan que los tribunales suelen buscar un equilibrio entre el deber de protección a personas mayores y el fomento de la autonomía de los adultos que han alcanzado la madurez legal.
