Acusación de homicidio contra padre que mató a sospechoso de abuso es retirada tras fallo en la preservación de pruebas (Foto: Instagram)
Un caso en Estados Unidos que combina alegaciones de abuso, muerte, error policial y política local ha dado un nuevo giro. Aaron Spencer, de 37 años, acusado de matar a Michael Fosler, de 67, vio retirada la acusación de homicidio por decisión judicial. El motivo no fue la negación de que se efectuara el disparo, sino la pérdida de una posible prueba en vídeo que podría haber sido determinante para el proceso.
La historia comenzó en julio de 2024, cuando Spencer se enteró de que su hija de 13 años había sido supuestamente abusada sexualmente en varias ocasiones por alguien que había conocido en casa de amigos de la familia. Fosler fue identificado como el presunto responsable y detenido bajo 43 cargos, que incluían acoso en línea y posesión de pornografía infantil. No obstante, quedó en libertad tras abonar una fianza de 50 000 dólares (unos 46 000 euros).
Meses más tarde, en octubre de 2024, la situación tomó un rumbo trágico. La noche en que Fosler murió, Spencer advirtió que su hija no estaba en casa y empezó a buscarla. Según informó la acusación, encontró a Fosler conduciendo con la menor en el vehículo. Supuestamente, chocó su propio automóvil contra el de la víctima, provocando que este saliera de la carretera, y acto seguido disparó contra él. A continuación, rescató a su hija y la llevó a un lugar seguro antes de contactar con los servicios de emergencia para confesar el disparo.
Spencer fue acusado de homicidio en segundo grado, un cargo que aplica cuando no existe intención premeditada de matar pero sí un acto voluntario que pone en peligro la vida. El acusado se declaró inocente, alegando que actuó para proteger a su hija de un supuesto agresor. El juicio estaba programado para las semanas siguientes, pero quedó suspendido antes de llegar al debate del jurado.
El factor decisivo fue la pérdida de una grabación en vídeo custodiada por la oficina del sheriff del condado de Lonoke, Arkansas. La defensa argumentó que dicha omisión o destrucción de pruebas constituyó “mala fe” por parte de la policía, vulnerando normas de preservación de evidencias y el debido proceso. Citó retrasos en el informe oficial y la falta de notificación sobre la desaparición del material audiovisual.
El juez Ralph Wilson Jr., asignado como magistrado especial del caso, calificó la medida de retirar la acusación como un “remedio extraordinario y extremo”. En su resolución, afirmó que, dadas las circunstancias, la conducta de la oficina del sheriff justificaba la desestimación del cargo para preservar la integridad del proceso.
De este modo, Spencer ya no enfrenta el cargo de homicidio por la muerte de Fosler. Sin embargo, el caso mantiene su complejidad: un padre acusado de matar al presunto abusador de su hija, un fallo grave en la cadena de custodia de pruebas y un sistema judicial que se ve obligado a resolver una situación poco habitual.
Mientras se tramitaba el proceso, Spencer entró en la política local. Ganó la primarias republicanas para candidato a sheriff del condado de Lonoke y se enfrentará al ganador de las primarias demócratas en las elecciones de otoño. En un vídeo de campaña afirmó: “A través de mi propia lucha por la justicia, he visto las deficiencias en la aplicación de la ley y en nuestro tribunal de circuito. Y me niego a quedarme de brazos cruzados mientras otros sufren las mismas fallas.”
Añadió: “Esta campaña no es sobre mí. Es sobre cada padre, cada vecino, cada familia que merece sentirse segura en casa y en la comunidad. Se trata de restaurar la confianza, para que todos sepan que la policía está de su lado y las familias no quedarán desamparadas en momentos de necesidad.”
Contexto adicional:
En el sistema judicial de Estados Unidos, la preservación de pruebas es un pilar fundamental para garantizar el derecho a un juicio justo. La denominada “cadena de custodia” obliga a las autoridades a documentar cada acceso o transferencia de evidencias con el fin de evitar manipulaciones o pérdidas. La violación de estos protocolos puede conducir a la exclusión de pruebas clave o, como en este caso, a la desestimación de cargos.
El homicidio en segundo grado, por su parte, suele implicar actos impulsivos o emocionales sin la premeditación requerida para un cargo de primer grado. En muchas jurisdicciones, este delito conlleva penas de prisión que varían según el estado y los antecedentes del acusado. Asimismo, la concesión de fianzas permite a los acusados esperar el juicio en libertad bajo ciertas condiciones, aunque en casos de riesgo o reiteración de conducta delictiva se pueden imponer restricciones adicionales.
La repercusión de este asunto va más allá del tribunal: pone de manifiesto la tensión entre el deseo de los familiares de víctimas de sentir justicia inmediata y la necesidad de que el sistema legal observe escrupulosamente los procedimientos establecidos. A la vez, plantea interrogantes sobre la rendición de cuentas de las fuerzas del orden y la responsabilidad de los funcionarios encargados de preservar evidencias esenciales.
