Ricky Wassenaar, de 63 años, está acusado de haber asesinado a tres reclusos dentro de una prisión del estado de Arizona, en Estados Unidos. El incidente ocurrió en abril de 2025 y continúa bajo investigación. En 2026, los fiscales han anunciado su intención de solicitar la pena de muerte contra él, un recurso contemplado en la legislación de Arizona para los crímenes más graves.
Según la emisora local KOLD, Ricky Wassenaar habría matado a Saul Alvarez, Thorne Harnage y Donald Lashley durante un motín registrado la madrugada del 4 de abril. Hasta el momento, Wassenaar figura como el único sospechoso de las tres muertes en el Complejo Prisional Lewis, situado en Buckeye, a unos 48 kilómetros al oeste de Phoenix.
Wassenaar ya cumplía 16 condenas de cadena perpetua por delitos violentos a lo largo de su vida. Entre los cargos existentes figuran asesinato, agresión sexual a un menor, asaltos y una revuelta en la que tomó rehenes a dos agentes penitenciarios en 2004 dentro del mismo complejo.
En aquel episodio de 2004, considerado una de las situaciones con rehenes más largas en la historia del sistema penitenciario estadounidense, Ricky y otro interno mantuvieron cautivos a los guardias durante 15 días. Según los informes de la época, Wassenaar se disfrazó con el uniforme de uno de los funcionarios, desarmado mediante un arma artesanal, para engañar a un compañero de trabajo y acceder a la torre de vigilancia.
El relato oficial sobre los homicidios de 2025 detalla que Saul Alvarez fue trasladado a la celda de Wassenaar en un ala destinada a agresores sexuales. Una vez allí, las autoridades creen que Wassenaar estranguló y posteriormente apuñaló a Alvarez. Seguidamente, tomó una piedra y la ocultó en un saco de ropa usado para la lavandería interna.
Con el objeto bajo el brazo, caminó hasta un área de encuentro de reclusos que aguardaban permiso para acceder al comedor. Fue allí donde Thorne Harnage y Donald Lashley también sufrieron ataques brutales que acabaron con sus vidas. Tras los hechos, Wassenaar declaró ante los funcionarios: “Yo quería matar a todos ellos”.
El estado de Arizona es uno de los 27 de Estados Unidos que mantienen activa la pena de muerte. Bajo la actual presidencia de Donald Trump, a nivel federal y estatal se ha reforzado la práctica judicial de condenar a muerte en casos de homicidios múltiples o especialmente atroces. La sentencia capital en Arizona se ejecuta por inyección letal, aunque el proceso puede demorarse años debido a recursos de apelación.
En el contexto penitenciario estadounidense, un condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada —como es el caso de Wassenaar— permanece en régimen de aislamiento o en módulos de máxima seguridad. La supervisión recae en los Departamentos de Correcciones de cada estado; en Arizona, esta función corresponde al Arizona Department of Corrections, Rehabilitation and Reentry (ADCRR).
El ADCRR gestiona alrededor de 40 instalaciones, incluyendo prisiones de máxima seguridad y centros de rehabilitación. Su misión oficial es “proteger a la comunidad, garantizar la seguridad de los reclusos y ofrecer programas de reinserción cuando sea posible”, según sus propios estatutos. No obstante, sucesos de violencia extrema, como el protagonizado por Wassenaar, suelen generar debate sobre la efectividad de estos programas y las medidas de control internas.
Tras dos décadas de historial criminal, los defensores de la pena de muerte consideran que la ejecución de Ricky Wassenaar podría cerrarle el paso a futuras agresiones violentas dentro del sistema. Mientras, sus abogados preparan recursos para impedir la condena capital, argumentando cuestionamientos sobre la salud mental y las condiciones en que ha vivido desde su ingreso en prisión.
