El asedio de Sarajevo se prolongó durante casi cuatro años, entre 1992 y 1995, en el marco de la guerra de Bosnia que siguió a la desintegración de Yugoslavia. En este periodo, más de 11 000 civiles perdieron la vida en la ciudad, víctimas de bombardeos, disparos de francotiradores y la escasez de suministros básicos. El bloqueo, impuesto por fuerzas serbobosnias, convirtió las calles y avenidas de Sarajevo en un laberinto de riesgo constante.
Durante el cerco de Sarajevo, uno de los momentos más oscuros de aquel conflicto, surgió una acusación que parece salida de un pesadilla histórica: la de que individuos adinerados habían pagado por entrar en la ciudad sitiada y disparar contra civiles. Denominada “safaris humanos de francotiradores”, esta grave denuncia cobró fuerza gracias a la investigación del periodista italiano Ezio Gavazzeni, quien presentó una denuncia formal sobre el caso.
En ese escenario, Gavazzeni sostiene que alrededor de 500 personas procedentes de países occidentales participaron en estos supuestos “safaris”. Según su investigación, los implicados no eran combatientes sino turistas armados, extranjeros de alto poder adquisitivo dispuestos a matar civiles indefensos con fines recreativos.
La acusación describe una red clandestina con conexiones en distintos estados europeos. Esta estructura, según Gavazzeni, se encargaba de localizar clientes, organizar sus desplazamientos y garantizarles acceso a posiciones elevadas en las colinas que rodean Sarajevo, desde donde se efectuaban los disparos. El periodista afirma que todo el dinero se movía en efectivo, oculto en maletas o bolsas, sin dejar huella en registros oficiales.
En declaraciones al LADbible, Gavazzeni explicó que existían tarifas establecidas por “objetivo”: 100 millones de liras entre 1992 y 1995 por una víctima menor o joven; 70 millones por una mujer; 50 millones por un hombre; y algo menos de 20 millones por una persona muy anciana. Convertidos a euros, estos importes equivaldrían a unos 52 000 € por disparar contra un niño o un joven, 35 000 € por una mujer, 26 000 € por un hombre y 10 000 € por una persona muy mayor. Los precios variaban según el tipo de “blanco”, asignando las cifras más elevadas a los más vulnerables.
El periodista describe cómo, durante el asedio, las avenidas principales de Sarajevo se convirtieron en corredores letales. Los habitantes se veían forzados a atravesar zonas expuestas para conseguir agua, alimentos o desplazarse al trabajo, sabiendo que en cualquier momento podían ser alcanzados por un disparo desde las colinas. La ciudad vivía bajo una combinación de hambre, aislamiento y bombardeos continuos, mientras las ventanas de las viviendas se transformaban en puntos vulnerables y los hospitales y escuelas quedaban al alcance de las balas.
Gavazzeni admite que hallar pruebas concluyentes es extremadamente complejo. Los hechos ocurrieron hace más de treinta años, en medio de un conflicto, sin fotografías o vídeos que documenten de forma directa a estos “turistas” disparando. Aun así, sostiene que el conjunto de testimonios recogidos supera la condición de mera leyenda urbana. “Cuando hay muchos relatos independientes que confluyen en el mismo punto, podemos hablar de un hecho documentado”, explicó el periodista.
Un elemento clave de la investigación es la supuesta existencia de un expediente abierto en 1993 por los servicios secretos italianos (entonces conocidos como SISMI), que mencionaría a cinco ciudadanos italianos interceptados en las colinas alrededor de Sarajevo. Tres testigos —Edin Subašić, Michel Giffoni y Adriano Sofri— habrían confirmado la existencia de ese archivo, lo que, según Gavazzeni, aporta un peso adicional a las acusaciones.
Además de la pesquisa de Gavazzeni, el periodista croata Domagoj Margetić abordó el asunto en su libro Pay and Shoot (“Pague y dispare”), donde afirma que turistas pagaban cuantiosas sumas para disparar contra civiles, incluidas mujeres embarazadas. Margetić incluso señala que un miembro de una familia real europea habría llegado en helicóptero con ese propósito, aunque esas acusaciones aún requieren un examen riguroso de los documentos y testimonios disponibles.
Por otro lado, el exmarine estadounidense John Jordan, en un testimonio ante el Tribunal de La Haya en 2007, admitió no haber visto personalmente a turistas disparando, pero afirmó que había oído hablar de “tiradores turistas” que iban a Sarajevo “para disparar a civiles con fines de entretenimiento”.
Pese a las dificultades para reunir pruebas materiales, la reiteración de relatos, la posible existencia de documentos oficiales y las investigaciones independientes sugieren que estas imputaciones no pueden reducirse a un simple rumor. La polémica se mantiene abierta, y el caso de los supuestos safaris humanos de Sarajevo continúa exigiendo una investigación profunda y transparente.
