Una mujer británica fue sancionada por la Justicia tras enviar una serie de vídeos a la excompañera de su novio en los que aparecía ella misma expulsando gases. El caso se produjo en diciembre en el Reino Unido y culminó con la adopción de medidas judiciales contra la acusada.
Rhiannon Evans, de 25 años, se declaró culpable de un comportamiento calificado como acoso al enviar los vídeos por WhatsApp a Deborah Prytherch. Los mensajes fueron remitidos de manera reiterada durante varios días, incluyendo el período de Navidad y Año Nuevo, lo que intensificó la sensación de molestia en la destinataria.
En el Reino Unido, la legislación vigente contra el acoso (Protection from Harassment Act 1997) contempla como delito la realización de actos persistentes que impliquen intimidación, ofensas o perturbación de la vida cotidiana de la víctima. El envío repetido de contenidos ofensivos o degradantes, incluso a través de plataformas de mensajería como WhatsApp, puede dar lugar a actuaciones penales y sanciones de diversa índole.
Según la acusación presentada en el tribunal, Evans remitió varios vídeos de forma voluntaria e intencional, a pesar de haber sido advertida de que su comportamiento podía constituir un delito. La Policía llegó a intervenir tras recibir una denuncia de la afectada, y la propia acusada reconoció ante los agentes que efectivamente había enviado el material.
Durante el juicio, la fiscal Diane Williams subrayó el carácter deliberado y malicioso de los hechos. “Ella admitió que quiso enviar estos vídeos porque consideraba que su pareja estaba siendo tratada de forma injusta. Fue un acto puramente malicioso: estaba sonriendo todo el tiempo, le parecía gracioso, pero la víctima lo vivió como una humillación constante”, declaró la fiscal.
En su testimonio, Deborah Prytherch señaló el impacto psicológico y emocional sufrido: “Yo solo quiero sentirme segura en mi propia casa. Recibir ese tipo de contenido de forma continua me causó gran incomodidad y estrés”. El acoso digital y la sensación de vulnerabilidad en el entorno doméstico son aspectos que las autoridades británicas han identificado como prioritarios a la hora de aplicar medidas de protección.
La defensa argumentó que existían tensiones previas entre el compañero de Evans y su ex, relacionadas con la convivencia familiar y acuerdos de custodia. Además, confirmaron que la acusada había consumido alcohol antes de proceder al envío de los mensajes. “En ese momento ella había bebido y, aunque ahora comprende el daño causado, en aquel instante no era plenamente consciente de las consecuencias”, afirmó la abogada Harriet Gorst. No obstante, el tribunal rechazó que el consumo de alcohol eximiera de responsabilidad penal.
Como resultado, el juez impuso a Rhiannon Evans una orden comunitaria de 12 meses, una modalidad habitual en el sistema de justicia penal británico que permite cumplir sanciones sin ingreso en prisión, siempre bajo supervisión y cumpliendo actividades establecidas por el tribunal. Además, se dictó una medida de alejamiento de dos años que prohíbe cualquier contacto con la víctima. Evans deberá también participar en sesiones de rehabilitación, someterse a un monitoreo de abstinencia de alcohol y abonar una compensación económica a la perjudicada.
La orden de alejamiento, conocida en inglés como “restraining order”, forma parte de las herramientas judiciales destinadas a proteger a las víctimas de acoso y garantizar su seguridad. Su incumplimiento puede llevar aparejadas sanciones adicionales, incluidas penas de prisión.
Tras la resolución judicial, Rhiannon Evans lamentó lo sucedido y expresó su arrepentimiento, aunque admitió haberse sorprendido por la severidad de las consecuencias legales. El caso ha servido de ejemplo para recordar que actos que en apariencia pueden parecer “inofensivos” o “divertidos” constituyen en realidad conductas de acoso punibles en la legislación del Reino Unido, especialmente cuando afectan la tranquilidad de la víctima en su propio hogar.
