Frasco de puré de zanahoria y patata de marca infantil bajo la lupa tras descubrirse contaminación (Foto: Instagram)
La Policía ha iniciado una investigación sobre un posible intento de extorsión contra un fabricante después de detectarse productos contaminados en tres países distintos. Este fabricante, cuya identidad se mantiene bajo reserva mientras avanzan las pesquisas, habría recibido amenazas de revelar públicamente detalles sobre el lote afectado a menos que entregara una suma de dinero. La alerta inicial se produjo a raíz de las inspecciones rutinarias en varios laboratorios de control de calidad, donde se constató la presencia de partículas extrañas en envases de productos de consumo.
Según fuentes oficiales, los controles de calidad de este fabricante siguieron los protocolos establecidos por la normativa europea y por las autoridades sanitarias de los países implicados. A pesar de ello, el informe preliminar confirmó la contaminación de diferentes partidas, lo que obligó a ordenar retiros inmediatos del mercado. En total, se localizaron lotes contaminados en tres Estados miembros, lo que elevó el nivel de gravedad y activó procedimientos de coordinación entre las policías nacionales afectadas.
La figura del fabricante se ha visto empañada por este incidente, aunque, hasta la fecha, no se ha señalado negligencia deliberada. La investigación se centra en determinar si detrás de la contaminación existe un error en la cadena de suministro o si, por el contrario, se trata de una maniobra premeditada para respaldar la extorsión. El fabricante ha colaborado con las autoridades, entregando muestras, registros de producción y comunicaciones internas para reconstruir el recorrido de los productos afectados.
En materia de extorsión, los especialistas recuerdan que este delito consiste en forzar a una persona o entidad a entregar bienes o dinero mediante amenazas de revelar información que podría dañar su reputación o sus operaciones. En este caso, los investigadores estiman que el posible extorsionador aprovechó la preocupación pública por la seguridad alimentaria y sanitaria para exigir pagos bajo coacción. La Policía analiza llamadas, correos electrónicos y cualquier otra forma de comunicación enviada al fabricante desde que se detectó la contaminación.
Las autoridades han reforzado la cooperación a nivel internacional, compartiendo inteligencia con organismos de salud y aduanas de los países involucrados. Se han establecido patrullas conjuntas y se han intercambiado datos forenses para identificar el origen de la contaminación y, al mismo tiempo, rastrear a los presuntos responsables de la extorsión. Mientras tanto, el fabricante ha emprendido acciones de comunicación para tranquilizar al público y ha puesto en marcha un plan de reforzamiento de sus controles internos.
