El Gobierno federal sancionó, en la mañana del viernes 17 de abril de 2026, la Ley nº 15.392/2026, que establece la custodia compartida de animales de compañía en casos de divorcio o de separación de unión estable. La nueva normativa fue publicada en el Diario Oficial de la Unión (DOU) y cuenta con la firma del presidente en ejercicio, Geraldo Alckmin.
Aprobada por el Congreso Nacional en marzo de este año, la ley tiene como objetivo principal garantizar seguridad jurídica para la guarda de mascotas una vez disuelta la relación de pareja, asegurando al mismo tiempo el bienestar de los animales. Hasta la entrada en vigor de esta disposición, los animales de compañía eran considerados bienes muebles en el ordenamiento jurídico brasileño, sin reconocer expresamente el vínculo afectivo con sus dueños.
Además de definir las reglas para la custodia, la legislación establece criterios para la asunción de gastos relacionados con el animal y para el tiempo de convivencia, considerando variables como el tipo de vivienda, los cuidados necesarios, el sustento y la disponibilidad de cada tutor. La norma contempla, por ejemplo, la adecuación del entorno doméstico y los recursos económicos de cada parte para proveer alimento, higiene y atención al animal.
La ley también determina que la custodia puede ser rechazada por la Justicia si existe o se presume violencia doméstica o malos tratos hacia la mascota, lo que conllevaría la pérdida de la custodia por parte del agresor. De igual modo, aquellas personas que renuncien voluntariamente a la guarda mantienen la responsabilidad de cubrir gastos pendientes contraídos durante el periodo de convivencia con el animal.
La medida estipula que los costes diarios de comida e higiene sean responsabilidad de quien esté con la mascota en cada momento, mientras que los desembolsos extraordinarios —como consultas veterinarias, intervenciones quirúrgicas o medicamentos— se repartirán en partes iguales entre los dos tutores. De esta forma, la norma busca evitar desajustes financieros y garantizar que los cuidados esenciales no se vean desatendidos.
Principales puntos de la custodia compartida de mascotas:
• Decisión judicial: en caso de no existir acuerdo entre las partes, será el juez quien determine los términos de convivencia y reparto de gastos.
• Titularidad compartida: aplica cuando el animal haya convivido la mayor parte de su vida con ambos tutores.
• Criterios de otorgamiento: el magistrado valorará el entorno ofrecido, el cuidado, los recursos económicos y la disponibilidad de tiempo de cada persona.
• División de gastos diarios: alimentación e higiene corresponden a quien tenga al animal consigo en cada período.
• Reparto de gastos extraordinarios: consultas, tratamientos veterinarios e internamientos se dividirán al 50 %.
• Veto por violencia: si hay antecedentes o riesgo de maltrato, la guarda compartida queda prohibida.
• Transferencia de la posesión: en casos de agresión, el juez podrá atribuir la posesión completa al otro tutor sin indemnización al agresor.
• Responsabilidad financiera del agresor: aún perdiendo la custodia, debe responder por las deudas adquiridas.
• Pérdida de la guarda por incumplimiento: se aplica si hay reiterados incumplimientos injustificados de los acuerdos.
• Renuncia voluntaria: extingue la posesión práctica, pero no libera de las obligaciones económicas pendientes.
Contexto y antecedentes
Esta sanción se enmarca en una tendencia internacional de reconocimiento del bienestar animal como parte integrante de los procesos judiciales de familia. Tradicionalmente, la custodia compartida ha sido aplicada a menores, pero con el creciente estatus de los animales de compañía en el núcleo familiar, distintos países han comenzado a adaptar sus leyes para incluir la dimensión afectiva de las mascotas.
En el caso brasileño, la nueva ley supone un cambio de paradigma al trasladar al ámbito de las separaciones un modelo similar al existente en materia de hijos, reconociendo que el vínculo emocional y los cuidados especializados requieren regulaciones específicas. Con ello se pretende reducir conflictos y asegurar la continuidad de los cuidados, evitando que la mascota sufra periodos de desatención o cambios bruscos en su rutina.
A partir de ahora, los procedimientos judiciales en relación con mascotas requerirán informes específicos sobre las condiciones de vida de los animales, valoraciones de profesionales del bienestar animal y, en algunos casos, mediaciones obligatorias para fomentar el acuerdo entre las partes. Se espera que esta normativa inspire futuras reformas en la materia y sirva de referencia para otros países de la región.
