El Instituto de Medicina Legal del Distrito Federal concluyó que Pablo Stuart Fernandes Carvalho, acusado de matar al menos 17 gatos, tiene plena capacidad para comprender la naturaleza y las consecuencias de sus actos, descartando la existencia de un trastorno mental que le impida responder penalmente. El informe pericial, aportado por la defensa y la acusación al proceso, determinó que el acusado se encontraba lúcido en el momento de los hechos y, por tanto, imputable según la legislación brasileña.
El caso se hizo público el 12 de marzo de 2025, tras las denuncias presentadas por protetoras de animales ante la Policía Civil. Varias cuidadoras señalaron que Carvalho, que se identificaba como psicólogo, adoptaba gatos de la calle o de refugios y, en días posteriores, informaba que los animales habían desaparecido. Las investigaciones policiales permitieron descubrir que en lugar de cuidarlos, el acusado habría sometido a los felinos a torturas hasta la muerte.
Según el laudo psiquiátrico del Instituto de Medicina Legal, aunque el acusado presenta antecedentes de trastornos mentales leves, no existe ninguna condición que afecte de forma sustancial su capacidad de comprensión de la ilicitud de sus actos. En el derecho penal brasileño, la imputabilidad exige precisamente que el autor del delito posea discernimiento para entender lo que hace y la posibilidad de actuar conforme a ese entendimiento. En este sentido, la pericia concluyó que Carvalho era “lúcido” y, por tanto, plenamente responsable ante los tribunales.
Tras la apertura del inquérito policial, Pablo Stuart fue detenido en marzo de 2025 y su prisión preventiva fue decretada. Sin embargo, aproximadamente siete meses después, el juez de primera instancia concedió la libertad provisional, condicionada a comparecencias periódicas y prohibición de aproximarse a centros de protección animal. El proceso, que se tramita en la Vara Criminal del Distrito Federal, se encuentra actualmente en la fase de alegaciones finales, momento en el que la acusación y la defensa presentan sus conclusiones antes de la sentencia.
Las diligencias policiales apuntan que entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, el acusado adoptó alrededor de 20 gatos, todos de perfil similar y procedentes de diferentes abrigos del Gama, una región administrativa del Distrito Federal. Testimonios de vecinos y audios obtenidos durante la investigación señalan que los animales eran torturados dentro del apartamento donde vivía Carvalho. Uno de los gatos logró ser rescatado con vida por una cuidadora local, que alertó de inmediato a las autoridades.
La defensa de Pablo Stuart sostiene que su cliente “será debidamente demostrado inocente en el momento oportuno, especialmente por ocasión de las alegaciones finales, cuando todos los elementos constantes en los autos serán analizados de forma técnica y rigurosa”. El abogado defensor ha solicitado, además, una nueva pericia complementaria para despejar cualquier duda sobre el estado mental de su patrocinado.
En Brasil, el maltrato y la crueldad contra animales están tipificados en la Ley nº 9.605/1998 (Ley de Delitos Ambientales), que prevé penas de prisión de tres meses a un año y multa para quien practique actos de abuso, crueldad o lesión injustificada a animales domésticos, domesticados o silvestres. Dependiendo de las circunstancias y del daño causado, los jueces pueden imponer sanciones agravadas, incluida la inhabilitación para la práctica de actividades relacionadas con animales.
El Instituto de Medicina Legal juega un papel fundamental en el sistema de justicia penal brasileño a través de sus pericias científicas, que incluyen exámenes toxicológicos, de balística y, en este caso, evaluaciones psiquiátricas. Estos dictámenes sirven para determinar la capacidad cognitiva y volitiva del acusado, aspectos determinantes para definir si debe responder penalmente o ser remitido a tratamiento especializado.
El creciente número de denuncias de organizaciones de protección animal ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y sanción de la violencia sobre seres vivos. A lo largo de los últimos años, diversas entidades han promovido campañas de concienciación y apoyo a las autoridades, buscando agilizar los procesos de adopción responsable y el seguimiento de los animales en situación de riesgo.
