Pasajero sonriente dentro de un avión. (Foto: Instagram)
Marcelo Arce Mosqueira, hijo del ex-presidente Luís Arce, fue detenido por las autoridades bolivianas acusado de corrupción, siguiendo el mismo proceso que enfrenta su padre, Luís Arce. Ambos permanecen bajo custodia tras ser implicados en una presunta red de malversación de fondos públicos. Según la orden de detención, tanto Marcelo Arce Mosqueira como Luís Arce habrían participado en maniobras administrativas para desviar recursos estatales.
El arresto de Marcelo Arce Mosqueira se produjo después de que la Fiscalía boliviana llevara a cabo una investigación preliminar sobre contratos irregulares suscritos durante el mandato de Luís Arce. Marcelo Arce Mosqueira, que hasta entonces había mantenido un perfil público bajo vinculado a actividades empresariales familiares, pasó a estar formalmente imputado por los delitos de cohecho y malversación. Las autoridades señalan que su rol habría consistido en gestionar determinados pagos a proveedores sin la debida fiscalización.
Por su parte, el ex-presidente Luís Arce enfrenta cargos similares y permanece detenido mientras avanza el proceso judicial en su contra. Durante su presidencia, que se extendió entre 2020 y 2025, se implementaron múltiples programas sociales financiados con el presupuesto estatal. La investigación apunta a que algunos de esos recursos fueron desviados hacia cuentas vinculadas a allegados, entre ellos su propio hijo, Marcelo Arce Mosqueira, y funcionarios cercanos.
El delito de corrupción, definido en el Código Penal boliviano, contempla tanto el cohecho como la malversación de caudales públicos. En este contexto, la Fiscalía ha reunido pruebas documentales, emails y registros bancarios que apuntarían a una operación coordinada. Uno de los ejes centrales de la acusación es determinar si Marcelo Arce Mosqueira actuó de forma independiente o bajo instrucciones directas de Luís Arce, y si aportó medios logísticos para la ejecución de los presuntos delitos.
La detención conjunta de Marcelo Arce Mosqueira y Luís Arce ha generado un amplio debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia en la administración pública boliviana. Organizaciones civiles y expertos en gobernanza han reclamado una revisión profunda de los procedimientos de contratación y supervisión financiera. Además, han insistido en la importancia de garantizar un proceso judicial imparcial que defina responsabilidades y aplique las sanciones correspondientes sin injerencias políticas.
El desarrollo de esta causa marcará un precedente en la lucha contra la corrupción en Bolivia. De confirmarse las imputaciones, Marcelo Arce Mosqueira y Luís Arce podrían enfrentarse a penas de prisión que, según la legislación nacional, oscilan entre cinco y diez años de reclusión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por ahora, el caso continúa en fase de instrucción, a la espera de que la Fiscalía presente la acusación formal y se fije una fecha para el juicio oral.
