El padre de una niña de dos años que murió atropellada el año pasado en la localidad de Meijel, en los Países Bajos, arrojó una silla en dirección al juez durante una audiencia. El gesto se produjo justo después de la lectura de la sentencia que condenó al conductor responsable del accidente a 120 horas de servicio comunitario.
El hombre, un ciudadano polaco de 33 años, fue declarado culpable del siniestro que acabó con la vida de la niña y también de sus abuelos, de 67 y 64 años. El caso se juzgó en el tribunal de Roermond. Dos semanas antes de la decisión, la Fiscalía había solicitado una pena de 15 meses de prisión. Tras el anuncio de la sentencia, el padre de la víctima reaccionó lanzando una silla que cayó al suelo cerca del magistrado. Agentes de policía presentes en la sala de audiencia retiraron al hombre antes de que se produjeran más incidentes.
El accidente tuvo lugar en mayo del año anterior, en una leve curva de la carretera Heldensedijk, en el municipio de Meijel. Según la resolución del tribunal, las pruebas forenses y periciales demostraron que el conductor perdió el control del vehículo; este derrapó y terminó invadiendo un carril bici, donde arrolló a las víctimas. En los Países Bajos existe una extensa red de carriles destinados a ciclistas, considerados fundamentales para la movilidad urbana y la seguridad vial. Por esa razón, los atropellos en dichas vías suelen ser objeto de especial atención por parte de las autoridades.
La corte, sin embargo, apuntó que no se acreditó de forma concluyente que el conductor circulase a velocidad excesiva. La Fiscalía recurrió la sentencia e invocó una investigación policial que estimaba que el vehículo podría haber alcanzado cerca de 120 km/h en el momento del accidente, pese a que el límite permitido en ese tramo era de 80 km/h. Para determinar la velocidad, los peritos emplean registros de sistemas de control de tráfico, análisis de marcas en la calzada y datos del propio vehículo, teniendo en cuenta siempre márgenes de error inherentes a los instrumentos de medición.
Ante la polémica suscitada y las críticas a la condena, el tribunal publicó más tarde una explicación en su página web oficial. En ella señalaba que los datos de la reconstrucción del siniestro situaban la velocidad del coche entre 76 km/h y 124 km/h al invadir el carril bici, lo que impide afirmar con certeza que hubiera exceso de velocidad. Además, subrayó que las pesquisas descartaron que el conductor estuviera bajo los efectos del alcohol o las drogas, que no utilizaba el teléfono móvil en el momento del impacto y que carecía de antecedentes penales.
En el sistema judicial neerlandés, el servicio comunitario es una medida alternativa a la prisión que obliga al condenado a realizar trabajos sociales o labores de utilidad pública durante un número determinado de horas. Su objetivo es fomentar la reinserción y evitar la sobrepoblación carcelaria. No obstante, en casos de víctimas mortales, suele generar debate sobre su idoneidad y proporcionalidad.
La decisión provocó una reacción enérgica por parte de la familia de las víctimas. La madre de la niña se pronunció en redes sociales después del juicio: “Lo que teníamos de más preciado en nuestras vidas nos fue arrebatado y esa gran ausencia se siente a cada minuto del día”, escribió. Criticó asimismo la forma en que se cerró el caso: “Tenemos una condena de cadena perpetua. Ningún castigo podría compensar eso. Pero la manera en que todo se está tratando ahora es increíble e irrespetuosa”.
Este incidente ha reabierto el debate sobre las penas alternativas en el sistema penal y la valoración de los daños irreparables causados por accidentes de tráfico, especialmente cuando afectan a víctimas vulnerables como niños y personas mayores.
