El Gobierno de los Estados Unidos debe anunciar en los próximos días la posible clasificación de las facciones brasileñas Primero Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) como Organizaciones Terroristas Extranjeras. La medida se encuentra en análisis dentro de la administración del presidente Donald Trump y podría formalizarse antes de finalizar el mes.
Según información divulgada por UOL, la documentación que sustenta la decisión ya ha sido preparada por el Departamento de Estado y revisada por diferentes agencias del Gobierno estadounidense. El expediente está ahora a la espera de la evaluación final del secretario de Estado, Marco Rubio, quien deberá firmar el texto definitivo antes de que sea remitido al Congreso de los Estados Unidos.
Si la propuesta recibe luz verde, el proceso pasará por un trámite legislativo en el Capitolio y, posteriormente, la orden tendrá que ser publicada en el Registro Federal (Federal Register). Este procedimiento normativo, que incluye un periodo de comentarios públicos y posibles enmiendas, podría extenderse alrededor de dos semanas antes de su entrada en vigor.
La iniciativa reproduce el mismo modelo que el Departamento de Estado ha aplicado en ocasiones anteriores para catalogar otras agrupaciones criminales de América Latina como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Entre los precedentes figuran diversos cárteles mexicanos y grupos insurgentes que fueron incluidos bajo esta categoría tras demostrar vínculos con actos de violencia política o amenazas a la seguridad regional.
El PCC es considerado por los expertos de seguridad como la organización criminal más expansiva de Brasil, con operaciones en al menos diez estados y ramificaciones en otros países sudamericanos. Fundado en la década de 1990 dentro del sistema penitenciario paulista, se ha dedicado al tráfico de drogas, la extorsión y la planificación de fuga de presos. El CV, por su parte, tiene su origen en las guerrillas urbanas de los años setenta y ha evolucionado hasta convertirse en un actor clave en el narcotráfico y el contrabando de armamento.
La designación de un grupo como Organización Terrorista Extranjera conlleva consecuencias legales significativas en el territorio estadounidense. Entre ellas, la criminalización del “apoyo material” —incluyendo el envío de fondos, entrenamiento, armas o cualquier servicio— a la entidad designada. Asimismo, las personas o entidades que se demuestre que facilitan logística o financiamiento pueden enfrentar sanciones penales y económicas.
Una vez en vigor la clasificación, los activos financieros vinculados a PCC y CV podrán ser bloqueados y se prohibirán todo tipo de transacciones. Además, se instaurarán restricciones de viaje y se podrían denegar visados o proceder a la deportación de individuos asociados con ambas facciones. Estas medidas buscan aislar económicamente a los grupos y dificultar sus cadenas de suministro.
El proceso de designación de Organizaciones Terroristas Extranjeras se realiza conforme al apartado 219 del Acta de Inmigración y Nacionalidad de 1952 y requiere un informe detallado del secretario de Estado que justifique la amenaza que representan dichas organizaciones para la seguridad nacional o los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Una vez publicada la orden en el Registro Federal, las agencias de seguridad federales, como el FBI y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), establecerán los protocolos de ejecución.
El pasado domingo, 8 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, mantuvo una conversación telefónica con Marco Rubio para expresar su preocupación y solicitar que los grupos no fueran incluidos en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras. Hasta el momento, ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca han emitido declaraciones oficiales, pero la expectativa es que el anuncio se produzca en los próximos días.
