La Cámara de Diputados de Italia aprobó por unanimidad la inclusión del feminicidio en el Código Penal del país. Una vez promulgada, esta reforma permitirá castigar este delito con pena de prisión perpetua, convirtiéndose en la sanción máxima para los homicidios cometidos contra mujeres por su condición de género.
Hasta ahora, la legislación italiana no contemplaba el feminicidio como una figura autónoma, sino que estos casos se encuadraban en el delito genérico de homicidio, con penas que oscilaban entre 21 y 30 años de cárcel. Con la nueva redacción del Código Penal, el feminicidio pasará a ser reconocido como un crimen específico, definido como un acto de odio, dominación, discriminación o control ejercido contra la mujer por el mero hecho de serlo, incluso tras la finalización de una relación sentimental o en supuestos de tentativa de coartar su libertad.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la primera ministra Giorgia Meloni, quien ha destacado que la reforma no solo fortalece las sanciones para el feminicidio, sino que también aumenta las penas para otros delitos vinculados a la violencia de género, como el acoso, la violencia sexual y la denominada pornografía de venganza. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Italia (Istat), el país registró en 2023 una tasa de feminicidio de 0,31 casos por cada 100.000 mujeres.
Este esfuerzo legislativo se enmarca en las recomendaciones que organismos internacionales, como el Consejo de Europa y las Naciones Unidas, han venido formulando a los Estados miembros para reforzar la protección de las mujeres y tipificar el feminicidio como delito autónomo. En 2011, el Convenio de Estambul obligó a los países signatarios a adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, recomendando expresamente la creación de figuras penales específicas para el feminicidio.
Antes de la votación parlamentaria, Meloni subrayó la gravedad de la violencia de género y la definió como “un acto contra la libertad”. “La violencia contra las mujeres es un fenómeno intolerable que continúa ocurriendo y que debe combatirse incansablemente”, afirmó. Asimismo, recordó que su Gobierno ha incrementado el presupuesto para centros y refugios destinados a víctimas de maltrato, ha duplicado la financiación de la renta de libertad —un subsidio orientado a garantizar la independencia económica de las mujeres en situación de riesgo— y ha promovido el número de atención 1522, junto con actividades educativas y de concienciación.
Meloni también insistió en que, a pesar de los avances jurídicos, el debate social no puede quedar cerrado. “Son pasos concretos, pero no podemos detenernos aquí. Debemos seguir haciendo mucho más todos los días: proteger, prevenir y apoyar. Para construir una Italia en la que ninguna mujer jamás se sienta sola, amenazada o desprestigiada. La libertad y la dignidad de las mujeres son un deber del Estado y una responsabilidad de todos”, declaró.
No obstante, algunos sectores de la izquierda italiana han señalado que, aunque la nueva ley endurece las penas, no aborda las causas sociales de la violencia de género, que consideran arraigadas en una cultura patriarcal todavía presente en la sociedad. Estos críticos sostienen que, además de la represión penal, es necesario impulsar reformas educativas y políticas integrales destinadas a cambiar las mentalidades y prevenir la violencia desde sus orígenes.
