Marzieh Ebrahimi tenía 25 años cuando fue atacada con ácido en la ciudad de Isfahán, en Irán, en 2014. El agresor aprovechó la impunidad generada por un clima de amenazas y discursos que alentaban la violencia contra las mujeres, tras advertencias públicas sobre el cumplimiento obligatorio del hijab, el velo islámico impuesto por ley en todo el país.
Años después, en un acto celebrado en la Universidad Amír Kabir de Teherán, Ebrahimi describió el momento del ataque con voz firme: “Yo nunca los vi. No sé cómo son. No sé cuántos años tienen. Pero sé muy bien una cosa: quiero hablar con ellos. Quiero verlos, mirarles a los ojos y preguntarles: ‘¿Por qué? ¿Por qué un ataque con ácido? ¿Por qué yo?’ ”.
En la época de los hechos, al menos cuatro mujeres fueron víctimas de agresiones similares en Isfahán. Estos ataques se produjeron tras declaraciones públicas del ayatolá Yousef Tabatabaei-Nejad, representante del líder supremo de la República Islámica en ese municipio, quien afirmó: “Dar un aviso [por descumplimiento] no es suficiente. Debemos empuñar el bastón y usar la fuerza para combatir el mal hijab”. Las investigaciones abiertas por las autoridades locales no llegaron a ninguna condena, lo que subrayó la falta de mecanismos efectivos de protección para las víctimas.
Antes del atentado, Marzieh trabajaba como partera en un hospital de su ciudad. Días después del suceso, su hermano explicó al diario Etemad: “Marzieh tiene solo 25 años. Era parte de la plantilla de un hospital antes de todo esto. Tenía proyectos de vida. Gracias a Dios, sigue motivada, pero no es la misma: ya no vive con la misma pasión y entusiasmo de antes”.
Con el paso del tiempo, Ebrahimi decidió hacer pública su historia y emprendió una campaña de concienciación para presionar por reformas legislativas. Declaró: “Fui torturada por negarme a colocar un velo en la cabeza, pero dejé claro que no quería seguir siendo una víctima. Quería reaccionar”. Su testimonio ha servido de impulso para el movimiento en Irán contra la violencia de género y para exigir el endurecimiento de las penas por ataques con ácido.
En 2019, Marzieh y otras supervivientes acudieron al Parlamento iraní para solicitar sanciones más duras contra los responsables de estos crímenes y restricciones en la venta de las sustancias corrosivas. En aquella ocasión, expresó: “En nombre de las cuatro víctimas de Isfahán, informo que hasta ahora no hemos recibido respuestas sobre nuestros agresores ni ha habido castigos. Han pasado cinco años desde el incidente. No estoy aquí para quejarme, sino para pedir su apoyo a fin de aumentar las penas por este delito y reducir la probabilidad de nuevos ataques con ácido”.
Respecto al tipo de sanción que consideraba justa, Ebrahimi se mostró firme en evitar la lógica de la retribución violenta: “No quiero qisas [retaliación] ni pena de muerte. Deseo que el agresor cumpla cadena perpetua. La violencia no debe responderse con más violencia”.
En 2020, tras nuevas declaraciones del ayatolá Tabatabaei-Nejad criticando a las mujeres que no usan velo, Marzieh volvió a manifestarse públicamente, esta vez en redes sociales: “En aquellos días [de 2014], el miedo se apoderó de toda la ciudad. Miedo a salir, miedo a las calles. Era eso lo que buscaban. Y está ocurriendo de nuevo. Tenemos derecho a caminar por nuestra ciudad sin temor. Tenemos derecho a vivir sin terror. No somos rehenes; somos ciudadanas”.
Contexto histórico y legal
Desde la revolución islámica de 1979, Irán instauró un código de vestimenta obligatorio que obliga a todas las mujeres a cubrirse el cabello con el hijab y a vestir de manera “modesta” según la interpretación oficial de la ley. En la práctica, diversos representantes religiosos locales han reforzado estas normas con discursos que incitan a la coerción y, en ocasiones, a la violencia.
Los ataques con ácido constituyen una forma extrema de violencia de género que provoca lesiones físicas permanentes, cicatrices profundas y graves secuelas psicológicas. A nivel internacional, organismos como Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos han condenado estos actos y han instado a los Estados a tipificar el uso de sustancias corrosivas como delito grave, así como a restringir la venta y el acceso a estas sustancias.
En Irán, aunque existen sanciones penales contra quien cause daños corporales graves, la falta de pruebas y la impunidad administrativa dificultan la persecución efectiva de los responsables de los ataques con ácido. La campaña de Ebrahimi y otras activistas ha puesto de relieve la necesidad de un marco legal más estricto y de programas de protección integral para las víctimas.
