Los relatos históricos de violaciones de derechos humanos en Irán volvieron al centro del debate tras la repercusión internacional por la muerte de Ali Khamenei. Entre las denuncias registradas a lo largo de las últimas décadas se encuentran testimonios de ex presas políticas que afirmaron que se habían cometido actos de violencia en prisiones iraníes antes de las ejecuciones.
Organizaciones como Justice for Iran y grupos de vigilancia de derechos humanos documentaron declaraciones de mujeres que relataron abusos y lo que denominaron “matrimonios temporales” impuestos a reclusas condenadas a muerte en la década de 1980. Según estos testimonios, dicha práctica estaba vinculada a la interpretación religiosa según la cual las mujeres vírgenes no podían ser ejecutadas. Estos relatos aparecen en investigaciones independientes e informes de entidades de derechos humanos.
Además de estas denuncias, informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y misiones de investigación de las Naciones Unidas señalan un historial de represión política, uso de tortura, ejecuciones frecuentes y restricciones severas a las libertades civiles en el país. Las entidades también documentaron persecución a opositores, represión violenta de protestas y discriminación contra mujeres y personas LGTBIQA+.
El caso de Mahsa Amini, muerta bajo custodia de la policía de la moral en 2022, fue citado por organismos internacionales como ejemplo de violencia estatal contra las mujeres. Su fallecimiento desencadenó manifestaciones en varias ciudades iraníes y amplió el escrutinio internacional sobre las prácticas de seguridad y justicia del país.
En el ámbito internacional, el gobierno iraní también fue objeto de críticas por el apoyo militar a aliados estratégicos, incluido el suministro de drones a Rusia durante la guerra en Ucrania, según gobiernos occidentales.
Ali Khamenei fue designado sucesor del ayatolá Ruhollah Jomeiní en 1989 y ha ejercido desde entonces como líder supremo de la República Islámica de Irán, detentando amplias competencias sobre las instituciones militares, judiciales y políticas. Su figura ha sido señera en la consolidación del sistema teocrático que define las estructuras de poder en Teherán.
La práctica de los llamados “matrimonios temporales” (conocida en árabe como mutʿa) tiene su origen en interpretaciones del islam chií y consiste en la celebración de un contrato matrimonial por un periodo determinado. Aunque en algunos contextos se emplea con fines religiosos, en las prisiones iraníes de los años 1980 habría sido impuesta de forma coercitiva a reclusas condenadas a muerte, según los testimonios recogidos.
Tras la Revolución Islámica de 1979, el sistema judicial y penitenciario iraní experimentó profundas transformaciones orientadas por criterios religiosos y políticos. A lo largo de los años, diversas oleadas de represión —como la masacre de 1988, en la que miles de prisioneros políticos fueron ejecutados— han dejado una huella duradera en la memoria colectiva de la sociedad iraní y en la atención de organismos internacionales.
El gobierno de los Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, aplicó sanciones económicas y diplomáticas contra altos cargos iraníes por violaciones a los derechos humanos y por su programa nuclear. Declaraciones oficiales de Washington han calificado el historial de Teherán como un ejemplo de abuso sistemático de poder, reforzando la presión internacional sobre Irán para fomentar reformas y permitir el acceso de organismos de supervisión.
Organismos como las Naciones Unidas han instado a la creación de comisiones independientes y a la revisión de leyes penitenciarias y judiciales que garanticen el debido proceso y la protección de los derechos de las reclusas y de la población en general. La vigencia de estas recomendaciones dependerá en gran medida de la voluntad del nuevo liderazgo iraní y de la capacidad de la comunidad internacional para mantener la atención sobre estas denuncias.
