Nurul Amin, con deficiencia visual severa, tras ser abandonado en un paraje rural (Foto: Instagram)
Nurul Amin, deficiente visual severo, fue dejado en soledad a ocho kilómetros de su domicilio sin que se informara a su familia ni a su abogado sobre esta decisión. La situación salió a la luz cuando sus allegados denunciaron la ausencia de comunicación por parte de las autoridades encargadas de su traslado. Esta falta de aviso vulnera derechos fundamentales de las personas con discapacidad y ha generado un amplio debate en torno a los protocolos de custodia y traslado de ciudadanos con necesidades especiales.
Según los testimonios recabados, el caso de Nurul Amin comenzó al término de una diligencia administrativa en la que participó personal de seguridad. Sin mediar explicación, el hombre, con vista prácticamente nula, fue conducido en un vehículo oficial hasta un paraje rural situado a unos ocho kilómetros de su vivienda habitual. Al descender, quedó expuesto a riesgos físicos y psicológicos, puesto que desconocía su ubicación exacta y no contaba con ningún medio de orientación o asistencia personal.
De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por múltiples países, resulta imperativo garantizar la seguridad, la comunicación efectiva y el acompañamiento a quien presente pérdida grave de visión. En el ámbito legal de muchos Estados, la normativa exige que, en cualquier medida de traslado o privación de libertad, se notifique sin demora tanto a la familia como al representante legal designado. La omisión en el caso de Nurul Amin supone, por tanto, un incumplimiento de estos estándares.
Las consecuencias de abandonar a una persona con discapacidad visual severa en un entorno desconocido pueden ser muy graves. La desorientación, el riesgo de sufrir accidentes y el estrés emocional aumentan de forma notable cuando no se dispone de apoyos técnicos o humanos. Además, la ausencia de un abogado dificulta la defensa de derechos básicos, como el acceso a un recurso inmediato para impugnar la decisión o reclamar responsabilidades. Por esta razón, organizaciones especializadas en discapacidad han insistido en la necesidad de protocolos específicos y formación para el personal que interactúa con usuarios de apoyos visuales.
La denuncia impulsada por los parientes de Nurul Amin ha reavivado la exigencia de reforzar mecanismos de supervisión y control en los procesos de traslado de personas vulnerables. Asimismo, expertos coinciden en promover la difusión de guías de buenas prácticas, la implementación de sistemas de geolocalización y la garantía de contacto permanente con la familia o el abogado. Solo de este modo se puede evitar que situaciones como la de Nurul Amin se repitan y garantizar el cumplimiento de los derechos de quienes enfrentan limitaciones sensoriales.
