Nicolás Maduro escoltado por agentes durante su traslado en territorio venezolano (Foto: Instagram)
La Justicia argentina ha formalizado un requerimiento para que Maduro sea escuchado en Buenos Aires en el marco de una investigación por posibles crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela. El trámite, enviado a través de la vía diplomática y judicial correspondiente, busca recabar el testimonio del mandatario para esclarecer las denuncias de violaciones graves a los derechos humanos y completar la instrucción de la causa.
Este pedido se cursó mediante una rogatoria internacional dirigida al Poder Judicial de Venezuela, con el fin de fijar fecha, lugar y formato para que Maduro preste declaración de manera presencial o, en su defecto, a través de videoconferencia. La presentación formal incluye documentos que relatan los hechos presuntamente atribuidos a las autoridades venezolanas y que habrían afectado a víctimas de detenidos arbitrarios, torturas y desapariciones forzadas.
Argentina aplica en este caso el principio de jurisdicción universal, que permite investigar y procesar ante sus tribunales a responsables de delitos de lesa humanidad cometidos fuera de su territorio. Este principio encuentra sustento en convenciones internacionales ratificadas por el país, así como en la legislación nacional que faculta a la Procuración General a impulsar indagaciones de este tipo con alcance extraterritorial.
Las denuncias que motivan la causa incluyen relatos de organizaciones de derechos humanos que relatan detenciones ilegales en centros de detención, uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestaciones y fachada de procedimientos judiciales irregulares. Según el expediente, los presuntos delitos habrían ocurrido entre 2014 y 2018, un período en el que, de acuerdo con informes de distintas instituciones, se documentaron desplazamientos forzados, censura de la disidencia política y castigos colectivos contra opositores.
Históricamente, Argentina ha acumulado experiencia en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, tanto por episodios internos como por casos internacionales. La causa contra el terrorismo de Estado de la última dictadura militar (1976–1983) sentó precedentes para el abordaje judicial de violaciones graves a los derechos fundamentales. La apertura de esta nueva investigación reafirma el compromiso del sistema judicial argentino con la cooperación internacional y el acceso a la justicia de las víctimas de regímenes autoritarios.
Tras formalizar el pedido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cancillería argentina evaluarán el cumplimiento de requisitos de reciprocidad y la posibilidad de concretar la comparecencia de Maduro sin alterar la inmunidad de jefe de Estado. El desarrollo de este proceso podría marcar un hito en la articulación de los tribunales nacionales con denuncias sobre crímenes contra la humanidad, al incorporar al propio mandatario en calidad de testigo bajo juramento.
