Un tribunal de Nueva Jersey (Estados Unidos) condenó a Christopher Gregor a 25 años de prisión en régimen cerrado por la muerte de su hijo de seis años, Corey Gregor, tras obligarle a correr en cinta de alta velocidad en una academia. El suceso, ocurrido en 2021, recobró relevancia durante el juicio de 2026 al proyectarse grabaciones del interior del gimnasio que mostraban a la menor cayendo repetidamente y volviendo a ser impulsado por su padre, quien llegó a arrastrarle de la camiseta y presionar su cabeza contra el propio torso del niño.
Según el Ministerio Público, en los días posteriores al entrenamiento forzado la salud de Corey se deterioró: empezó a presentar dificultad para hablar, náuseas y problemas de coordinación al caminar. Al agravarse su estado, fue trasladado a un hospital, donde padeció una convulsión durante las pruebas médicas y falleció poco después. La fiscalía atribuyó el fallecimiento a las lesiones graves sufridas en las caídas sucesivas y al esfuerzo físico excesivo impuesto por un adulto, descartando otras causas médicas.
Durante las audiencias, la madre de Corey, presente en el tribunal, presenció emocionada los vídeos presentados por la acusación. Ella declaró que Christopher Gregor justificó su conducta alegando que quería “ayudar” a su hijo debido a su presunto sobrepeso. Sin embargo, peritos forenses y pediatras consultados por la fiscalía concluyeron que someter a un menor a un ejercicio tan intenso equivale a un maltrato grave, con potencial de daño encefálico por traumatismos repetidos y riesgo de infarto o fallo multiorgánico.
La sentencia de 25 años de cárcel responde a los cargos de homicidio involuntario agravado y maltrato infantil. En Nueva Jersey, las leyes que protegen a los menores tipifican penas severas para adultos responsables que pongan en peligro la vida de un niño. La proyección de las imágenes fue clave para demostrar la intencionalidad y la persistencia del castigo físico, superando la mera negligencia.
Para contextualizar, las cintas de correr o “treadmills” son máquinas diseñadas para ejercicio controlado en adultos, con velocidades máximas que pueden rondar los 20–22 km/h. En el caso de los menores, los manuales de seguridad de fabricantes y asociaciones médicas recomiendan un uso muy limitado, supervisado por profesionales del deporte y nunca con carácter punitivo o de sobreesfuerzo. La imposición de ejercicio físico extremo a un niño, sin escalonamiento ni pausas, puede derivar en deshidratación, lesiones musculares y cerebrales, e incluso en paro cardiorrespiratorio.
Este proceso judicial pone de relieve también la importancia de las grabaciones de circuito cerrado como prueba en casos de maltrato infantil. En los últimos años, varios estados de EE. UU. han reforzado la normativa que exige la instalación de cámaras en gimnasios y centros deportivos para prevenir abusos, aunque persisten debates sobre la privacidad y la cobertura legal de estos registros.
En definitiva, la condena a Christopher Gregor marca un precedente en la lucha contra el maltrato físico impuesto por progenitores bajo el disfraz de “disciplina” o “adiestramiento” deportivo. Refuerza la idea de que la integridad y la seguridad del menor deben primar siempre sobre cualquier intención de corrección física.
