El presidente de Estados Unidos y el líder de Cuba en un montaje sobre la nueva orden ejecutiva (Foto: Instagram)
El jueves 29 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que faculta a Estados Unidos para imponer aranceles a cualquier país que realice transacciones de petróleo con Cuba. Con esta decisión, Washington busca ampliar el alcance de las sanciones económicas que mantiene contra la isla desde hace más de seis décadas. La medida, adoptada sin grandes anuncios previos, incorpora mecanismos de presión destinados a disuadir a terceros países de apoyar el suministro energético de la economía cubana, que depende en buena parte de importaciones de crudo.
En virtud de la orden ejecutiva, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos obtiene vía libre para aplicar tasas aduaneras sobre productos de origen estadounidense o para cortar el acceso a financiamiento y créditos a empresas que colaboren con el comercio de petróleo hacia Cuba. Se trata de un instrumento de carácter extraterritorial: incluso si la transacción no involucra directamente a compañías estadounidenses, las sanciones podrían gravar operaciones internacionales que pasen por dólares o bancos con presencia en EE. UU. Este tipo de medidas forma parte de un arsenal legal que data de la Ley de Comercio con el Enemigo y de estatutos anticubanos aprobados en el Congreso norteamericano.
El presidente Donald Trump no detalló públicamente los criterios exactos que se emplearán para definir qué grado de relación comercial con Cuba justificará la imposición de aranceles. No obstante, en la práctica, países como Venezuela, que históricamente ha enviado crudo subvencionado a la isla, o estados de Oriente Medio y África que envíen cargamentos de petróleo, pasan a estar en la diana de las restricciones. Estas naciones podrían verse obligadas a elegir entre mantener la relación con La Habana o arriesgarse a perder beneficios comerciales y financieros en el mercado estadounidense.
La decisión ha generado inquietud en la escena diplomática internacional: diversas delegaciones de la Unión Europea y de organizaciones multilaterales consideran que estas sanciones extraterritoriales violan principios del derecho internacional y el libre comercio. Algunos gobiernos han advertido de posibles represalias o de la adopción de salvaguardas para proteger a sus empresas de las penalizaciones decretadas por Washington. Al mismo tiempo, en La Habana se observa con preocupación cómo se estrecha el cerco económico tras el agravamiento de las restricciones impuestas en años anteriores.
En perspectiva, la orden firmada por Trump podría endurecer aún más el aislamiento económico de Cuba y complicar la operativa de compañías energéticas que deseen operar en territorio insular. Al mismo tiempo, abre la puerta a un posible recrudecimiento de tensiones entre Estados Unidos y otros aliados tradicionales que mantienen intercambios comerciales con La Habana. Será necesario seguir la evolución de las sanciones y evaluar su impacto real sobre el abastecimiento de crudo en Cuba y sobre las relaciones bilaterales entre Washington y terceros países.
