La muerte de Orelha, un perro comunitario de aproximadamente diez años, ha suscitado una ola de indignación que trascendió las fronteras de Brasil y alcanzó a la opinión pública en Estados Unidos. Según informaciones de la Policía Civil de Santa Catarina, el animal fue hallado en la Praia Brava de Florianópolis con heridas graves provocadas presuntamente por un grupo de al menos cuatro adolescentes. Los daños fueran tan severos que los veterinarios decidieron practicar la eutanasia para evitarle mayores sufrimientos.
El caso comenzó a gestarse a mediados de enero de 2026, cuando vecinos y defensores de animales alertaron a las autoridades. Inmediatamente, la Policía Civil decretó la apertura de una investigación por un posible delito de maltrato animal. Se llevaron a cabo mandatos de búsqueda y aprehensión en domicilios vinculados con los sospechosos y sus tutores legales, incautando teléfonos móviles y ordenadores para su posterior peritaje forense. Asimismo, se indaga la posible coacción a testigos, lo que agregaría un agravante en la causa.
A raíz de la repercusión en redes sociales y foros de defensa de los derechos de los animales, numerosas voces estadounidenses han exigido sanciones más severas. Varios internautas piden al Gobierno de Donald Trump que retire o anule los visados de los menores implicados, así como que se les prohíba el ingreso o la permanencia en territorio estadounidense. Esta petición, aunque no tiene rango vinculante, refleja el grado de movilización de activistas y ciudadanos que consideran inaceptable cualquier acto de crueldad hacia los animales.
En Brasil, la muerte de Orelha también propició manifestaciones y vigilias en memoria del can. Organizaciones protectoras de animales y algunos responsables políticos regionales, incluido el gobernador de Santa Catarina, prometieron seguimiento estricto del proceso judicial. Entre las propuestas se baraja la creación de mecanismos de protección específicos para los animales comunitarios, aquellos que conviven libremente en espacios urbanos o costeros y dependen del apoyo vecinal.
Contexto neutral:
El maltrato animal está tipificado de diferentes maneras en la legislación brasileña. El Código Penal contempla sanciones que pueden alcanzar penas de detención cuando se demuestra crueldad o abuso. Por otra parte, la cooperación internacional en materia judicial entre Brasil y Estados Unidos se rige por tratados bilaterales y normas de extradición, aunque en casos que involucren a menores de edad suele primar la jurisdicción del país donde se cometió el presunto delito.
La movilización ciudadana en defensa de los derechos de los animales ha crecido en las últimas décadas, impulsada por organizaciones no gubernamentales y redes sociales. Los “perros comunitarios” desempeñan un papel social relevante: al no pertenecer a ningún hogar en concreto, reciben cuidados de la comunidad y su bienestar depende de la solidaridad vecinal y de políticas públicas específicas.
