Reflejo del Palacio Itamaraty en Brasilia, sede ministerial de Relaciones Exteriores (imagen ilustrativa) (Foto: Instagram)
En noviembre, el gobierno peruano anunció la ruptura de sus relaciones diplomáticas con México después de que este país otorgara asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez. La decisión se produjo en un contexto de tensión entre ambas cancillerías, al entender Lima que la concesión de protección a la exdirigente equivalía a una injerencia en los asuntos internos del país.
La medida incluyó la solicitud de regreso del embajador peruano en Ciudad de México y la expulsión del representante mexicano en Lima. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú argumentó que la decisión de México vulneraba el principio de no intervención consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y chocaba con el respeto a la soberanía nacional.
México, por su parte, remarcó su larga tradición de ofrecer asilo y protección a figuras políticas bajo riesgo de persecución. Desde la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, el país ha otorgado refugio a líderes de distintos movimientos sociales y gobiernos derrocados, amparándose en convenios internacionales como la Convención de Ginebra de 1951 y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
La ruptura diplomática entre Perú y México, dos sociedades con profundos vínculos históricos y culturales, tiene efectos prácticos inmediatos: suspensión de vuelos oficiales, paralización de proyectos de cooperación técnica y cultural, y la eventual cancelación de encuentros bilaterales en sectores como educación, agricultura y turismo. Asimismo, puede representar un obstáculo para la negociación de acuerdos comerciales contemplados en el marco de la Alianza del Pacífico.
Betssy Chávez, economista de formación y primera ministra designada en un momento de crisis política en Lima, solicitó asilo tras enfrentar investigaciones judiciales en Perú. Su petición fue atendida por México con base en criterios de protección de derechos humanos y garantías de debido proceso. La ex primera ministra ha defendido su inocencia y ha insistido en que su situación jurídica se enmarca en motivaciones de carácter político.
Tras esta crisis diplomática, analistas de América Latina coinciden en señalar que, si bien el asilo político es una herramienta de solidaridad internacional, su uso puede generar choques con principios soberanistas cuando las partes implicadas mantienen disputas internas o reproches mutuos. El episodio recuerda otros momentos en los que países latinoamericanos han roto o tensado sus lazos ante decisiones de asilo, como en los años setenta y ochenta, durante dictaduras y conflictos ideológicos.
