Un ciudadano estadounidense, Juan Rivera, pasó casi dos décadas en la cárcel por un delito que no cometió y ha obtenido ahora una indemnización de 18,5 millones de euros (20 millones de dólares) tras ser exonerado gracias a pruebas de ADN. Su caso, ocurrido en el estado de Illinois, se ha convertido en un ejemplo emblemático de las deficiencias del sistema penal y de los daños irreparables causados por condenas injustas.
Rivera fue acusado en los años noventa del secuestro, violación y asesinato de una niña de 11 años en Waukegan, Illinois. La condena se sustentó principalmente en confesiones posteriormente cuestionadas; no existían evidencias físicas que lo vincularan al crimen. Décadas después, en 2011, análisis genéticos aplicados a muestras recogidas en la escena demostraron que el ADN no coincidía con el suyo. Tras una serie de recursos, su fallo fue definitivamente anulado y recuperó la libertad en 2012.
La batalla por la reparación económica duró varios años más. En 2015, autoridades locales alcanzaron un acuerdo para abonarle 20 millones de dólares. Se trata de una de las compensaciones más elevadas concedidas en EE UU a una persona exonerada. A pesar de la cuantía histórica, Rivera ha declarado en entrevistas que preferiría recuperar los casi veinte años de vida arrebatados antes que recibir cualquier suma de dinero. Su testimonio subraya que ninguna indemnización puede realmente restituir el tiempo, las oportunidades ni el bienestar perdido.
Organizaciones especializadas en injusticias judiciales, como el Innocence Project, han señalado que el avance de las técnicas de ADN ha permitido liberar a cientos de presos con condenas erróneas. Sin embargo, también alertan de que muchos de ellos afrontan secuelas psicológicas, problemas de reinserción social y dificultades económicas incluso tras recibir indemnizaciones. La adaptación al mundo exterior, el estigma de haber sido encarcelado y la falta de redes de apoyo suelen complicar la reconstrucción de una vida normal.
Contexto histórico y legal
Desde la década de 1980, la introducción de pruebas de ADN en procesos penales ha supuesto un antes y un después en la lucha contra condenas equivocadas. A medida que tribunales de todo el país han reabierto casos mediante peritajes genéticos, se ha puesto de relieve la frecuencia de errores judiciales provocados por testimonios falibles, interrogatorios coercitivos y falta de rigor en la instrucción. Aunque en algunos países europeos existen mecanismos de compensación similares, rara vez alcanzan cifras comparables a las estadounidenses. En Alemania y Reino Unido, por ejemplo, las indemnizaciones suelen quedar en el entorno de decenas o cientos de miles de euros, ajustadas a criterios administrativos y sin un tope legal uniforme.
El reconocimiento monetario cumple una función reparadora y simbólica, al admitir la responsabilidad estatal en fallos judiciales. No obstante, expertos en victimología destacan que, para un exonerado, el proceso de recuperación psicosocial requiere acceso a programas de apoyo psicológico, formación profesional y ayuda para restablecer vínculos familiares y laborales. Solo así se puede aspirar, de forma parcial, a subsanar el daño provocado por un sistema que, en ocasiones, condena a inocentes sin las garantías mínimas de justicia.
