Trump advierte sobre posible despliegue del Ejército en Minnesota ante los disturbios (Foto: Instagram)
Tras un nuevo aumento de las manifestaciones populares en varias ciudades del estado de Minnesota, el presidente Donald Trump ha vuelto a mencionar la posibilidad de invocar la denominada Ley de Insurrección. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Trump advirtió que, de no cesar los disturbios —motivados por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden—, podría desplegar unidades del Ejército de Estados Unidos para restablecer la “seguridad y el orden” en las calles.
La Ley de Insurrección, promulgada en 1807, es un conjunto de disposiciones federales que autoriza al presidente a emplear al Ejército y la Guardia Nacional cuando se producen revueltas o cuando autoridades estatales o locales no pueden contener altercados que pongan en peligro el cumplimiento de las leyes federales. Este instrumento legal ha sido diseñado para situaciones extremas, en las que es patente la insuficiencia de las fuerzas del orden convencionales.
A lo largo de la historia, la norma ha sido invocada en contadas ocasiones. Entre sus usos más conocidos figura el envío de tropas federales para garantizar el cumplimiento de sentencias judiciales relacionadas con la integración racial en centros educativos durante la década de 1950, así como intervenciones para sofocar motines en territorios de Estados Unidos o en momentos de graves disturbios civiles. Su aplicación requiere la previa solicitud de los gobernadores estatales, salvo que exista una demostración clara de que las autoridades locales rechazan obedecer la Ley federal o no pueden mantener el orden público.
El procedimiento establecido exige que el presidente de la nación estadounidense certifique al Congreso la existencia de “disturbios, insurrección o conspiraciones” que impiden la ejecución de las disposiciones federales. A partir de esa declaración, las tropas pueden actuar con el fin de restablecer la ley y proteger derechos civiles. Sin embargo, el uso de esta facultad ha sido motivo de debate en numerosas ocasiones, debido al riesgo de erosionar la separación de poderes y la autonomía de los estados miembros de la federación.
La mención de Trump a este recurso no es nueva. Ya en campañas electorales anteriores había aludido a la Ley de Insurrección con fines disuasorios ante posibles protestas en torno a cuestiones de seguridad fronteriza y orden público. No obstante, la aplicación efectiva nunca llegó a materializarse bajo su mandato, y la sola alusión a su invocación suele generar controversia entre expertos constitucionalistas y representantes de las autoridades estatales, que defienden la gestión de crisis a través de las propias policías estatales y los cuerpos de la Guardia Nacional bajo mando de los gobernadores.
La escalada reciente en Minnesota ha reavivado el debate sobre el uso de fuerzas federales para controlar protestas y disturbios, algo que históricamente se reserva para circunstancias extraordinarias. Mientras algunos sectores reclaman mano dura y medidas excepcionales, otros advierten sobre el peligro que supondría llevar a cabo una intervención militar interna. El enfrentamiento entre la Unión Federal y la autonomía estatal vuelve así a situarse en primer plano, abriendo una nueva polémica sobre los límites del poder presidencial en momentos de tensión social.
